DAVID RUIPÉREZ.- ¿Qué consecuencias jurídicas tiene la desprotección frente al COVID-19 que sufrieron los profesionales sanitarios al inicio de la pandemia? ¿Debe de ser esta infección catalogada como enfermedad profesional? Mientras se acumulan las denuncias de los afectados por distintas vías, algunos de los mayores expertos de España en Derecho Sanitario han analizado el tema en las Tertulias Jurídicas de Profesionales de la Medicina y el Derecho (Promede), celebradas en el Hospital Universitario HM San Chinarro de Madrid.
Los presidentes de los Consejos Generales de enfermeras y médicos fueron los encargados de abrir la jornada. Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería aseguró que “la gestión de esta pandemia por parte de muchas autoridades sanitarias ha dejado bastante que desear y el precio que hemos tenido que pagar ha sido altísimo por el número de contagios, sufrimiento y vidas. No olvidemos que somos el país con mayor índice de sanitarios contagiados del mundo”.
Por su parte, su homólogo en la Organización Médica Colegial, Tomás Cobo, resaltó que “nuestro trabajo incluye riesgo, exposición a sustancias peligrosas, a agentes infecciosos y penosidad, por ejemplo con las guardias y los horarios. Todo esto se tiene que tener muy en cuenta”.
Vía de reclamación
Ya en el debate, el presidente de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo, el magistrado César Tolosa, explicó a los asistentes -tanto en la sala como a través de la emisión en streaming, que la mayoría de las actuaciones que se están llevando hasta ahora se están haciendo al amparo de la ley de Prevención de Riesgos Laborales entendiendo que la administración sanitaria, en el caso de la Sanidad Pública, o también en los centros privados, tienen la condición de empleadoras. Por lo tanto son empresarios a los efectos del personal laboral, y consecuentem
Florentino Pérez Raya, presidente del CGE
ente están sometidos a las mismas obligaciones que cualquier otro empresario en relación con la protección de la seguridad y la salud de dichos trabajadores. Cuando esas medidas de protección fallan y al fallar provocan un daño, dan lugar a la existencia de una responsabilidad. Ese sería el camino más sencillo de todos. Y luego existe la posibilidad de acudir, pero aquí en el campo únicamente de la sanidad pública, a una reclamación respecto de la Administración Pública por la vía de responsabilidad patrimonial, con independencia de la existencia del vínculo laboral, simplemente estableciendo que se ha producido un daño y que la Administración tiene la obligación de indemnizarlo”.
Por su parte, Francisco Corpas, responsable de los Servicios Jurídicos del Consejo General de Enfermería, hizo hincapié en la disparidad de criterios jurídicos en las sentencias que se van conociendo y de “cómo resulta fundamental poner en común los ámbitos y las experiencias de cada organización profesional ante este problema. Todo ello es muy positivo a la hora de valorar y de estudiar las fórmulas de defensa para las enfermeras en nuestro caso y para los médicos en el caso de la Organización Médica Colegial”.
¿Imprevisible?
Corpas alegó también que “ante las reclamaciones de la responsabilidad patrimonial, las administraciones intentan alegar la existencia de una fuerza mayor. Es verdad que no era previsible, pero más allá de los precedentes del ébola o la gripe A, ya había voces que advertían de la llegada una pandemia. Es evidente que la responsabilidad patrimonial puede cambiar desde ese primer momento y en las sucesivas fases de la pandemia, pero la relación de causalidad en esos momentos iniciales ya ha sido analizada en distintas sentencias y existe un nexo causal entre la infección y que los profesionales sanitarios estuvieran en un lugar de trabajo potencialmente peligroso y a la vez carentes de equipos de protección individual. La necesidad de acopio de material de protección para los sanitarios sí era algo previsible. Es difícil negar que ha habido una gestión deficiente”.
El abogado Ricardo de Lorenzo, al frente de los Servicios Jurídicos del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, realizó una enconada defensa del COVID-19 como
Francisco Corpas, director de los Servicios Jurídicos del CGE
“una enfermedad profesional clara. Es una reivindicación reconocida en países como Italia o Francia y resulta “lamentable que los profesionales sanitarios españoles tengan que pleitear para que se les reconozcan unos derechos como es el de accidente de trabajo o la contingencia como enfermedad profesional cuando realmente son unas profesiones de riesgo”.
Por su parte, Juan Abarca, consejero delegado de Promede, impulsores de este ciclo de tertulias, manifestó, con rotundidad, que “ahora es el momento de analizar la responsabilidad de las administraciones en el contagio de los profesionales sanitarios”. También puso sobre la mesa otras derivadas de la hipotética catalogación del COVID como enfermedad profesional. “Si finalmente esta infección se convierte en una especie de gripe, ¿deberíamos catalogar la gripe como enfermedad profesional?”, se preguntaba en el animado debate jurídico.
Desbordados
En la tertulia también intervino Antonio López Porto, secretario general del servicio Madrileño de la Salud quien aseveró que “la inexistencia de precedentes ha sido un reto, no ha habido nada parecido desde la gripe española, más de un siglo atrás. Este virus ha superado la capacidad de respuesta del Sistema Nacional de Salud, que ha sufrido la peor crisis desde su creación, víctima de la saturación y el desbordamiento. Nos tuvimos que enfrentar a un mercado convulso y competitivo, en un contexto internacional tensionado, compitiendo por equipos de protección, medicamentos… Ese desabastecimiento internacional ha sido calificado por los tribunales como una situación desesperada y se ha reconocido que las administraciones hicieron todo lo que pudieron en las condiciones más adversas”.
“No hay que olvidar las consecuencias indirectas de la pandemia, el retraso en el diagnóstico y en el acceso al tratamiento de muchas patologías, del cáncer a la diabetes, con un impacto enorme en miles y miles de pacientes. Otros países, como se decía, ya ha decidido declarar el COVID-19 como enfermedad profesional, pero en cualquier caso debemos mejorar la respuesta a nivel europeo, proporcionar más seguridad a los profesionales y a los pacientes y haciendo más sostenible el sistema, debemos preservar nuestra sanidad”, dijo, por último, el director ejecutivo de Sham España, Philippe Paul.
