REDACCIÓN.- El Colegio de Enfermería de Alicante también rechaza el hecho de que el nuevo decreto de servicios sociales vaya a desmantelar los Centros Especializados de Atención de Mayores (CEAM) y eliminar a los profesionales de enfermería en su organigrama.
Según esta nueva norma que tiene previsto poner en marcha la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas se alterará el concepto de los centros CEAM y se eliminará la presencia de las enfermeras/os presentes en ellos para realizar tareas de prevención y promoción de la salud. En concreto, las enfermeras alicantinas consideran que el borrador del decreto supone un atentado al sistema de autonomía personal y medicaliza el sistema sanitario para las personas mayores de más de 60 años al ofrecerles, como única alternativa al envejecimiento saludable, los tratamientos clínicos y farmacológicos.
Excluir
Tal y como explican, “al excluir a los profesionales sanitarios en los CEAM, (que son un fisioterapeuta que lleva sus programas tanto preventivos como asistenciales y el personal de enfermería, que, además de impartir sus programas preventivos, vertebra esta atención y control de la salud) los centros perderían su condición de preventivos, al desaparecer todos los programas que corresponden a enfermería y al restringir la jornada del fisioterapeuta y del trabajador social, ya que, a este último, se le obliga a compatibilizar su trabajo con la dirección del centro, abocando a una atención mucho más asistencial”.
Con el nuevo decreto, avisan desde el colegio, los CEAM dejarían de fomentar el envejecimiento activo y pasarían a ocuparse de las personas que tienen una fase de envejecimiento más pasivo, restando salud a nuestros mayores y abocándoles a un mayor grado de dependencia. “De hecho, con la desaparición de las funciones de las enfermeras/os se pierde la promoción de la salud porque estas profesionales se encargan en la actualidad de la coordinación con los servicios sanitarios de la zona (centros de salud, hospitales); la detección precoz y control preventivo de factores de riesgo como hipertensión, hiperglucemia, hipercolesterolemia, obesidad y problemas cardiovasculares; educación y hábitos de vida saludable (nutrición equilibrada); coordinación con el profesional de rehabilitación para las personas que asisten a dicho servicio; control de certificados de salud para la realización de actividades físico-deportivas; y coordinación con el equipo profesional socio-sanitario (fisioterapeuta, trabajador/a social, podólogo/a)”.
Funciones
“Para desarrollar esas funciones de prevención y control de la salud, con el fin de contribuir a la mayor autonomía posible, no se puede prescindir de los profesionales de enfermería. Especialmente, porque las enfermeras y los enfermeros de los CEAM resuelven los problemas de salud de los usuarios, derivan a otros profesionales cuando detectan anomalías y cronicidades que deben ser tratadas en el ámbito sanitario y alivian la presión que sufren los centros de salud de Atención Primaria. Amén de que el personal de Enfermería, debido a sus jornadas reducidas, supone el colectivo profesional que menos gasto genera”, subrayan.
Desde el Colegio de Enfermería de Alicante se hace un llamamiento a los responsables y gestores de las políticas sociales de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas para que corrijan el despropósito de este proyecto, evitando la exclusión de la figura de la enfermera/o y el mantenimiento de los CEAM (como punto neurálgico y único en España del envejecimiento activo).
Tanto el Colegio de Enfermería de Alicante como el resto de la Organización Colegial de Enfermería de la Comunidad Valenciana exigen una reunión previa a la publicación del citado decreto con el fin de evitar las alegaciones que, desde el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (Cecova) que agrupa a los tres colegios de enfermeras y enfermeros de Valencia, Castellón y Alicante, se presentarán si, finalmente, se obvia a las enfermeras y enfermeros y la legislación entra en vigor. Desde el Cecova ya se ha remitido una carta a la vicepresidenta y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas en la que se le advierte de la problemática que generará la nueva legislación de servicios sociales, sin que haya recibido contestación hasta la fecha.
