GEMA ROMERO.- El Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros el 23 de octubre, “no sólo no soluciona el problema de vacío legal que afectaba a la actividad del personal de enfermería, sino que agrava su situación, imponiendo una prohibición que quita sin motivo alguno autonomía a los profesionales que están realizando una labor asistencial con probada formación y eficiencia”. Así lo manifiesta en un comunicado la consejería de Salud de Baleares, donde lamenta que la nueva normativa impedirá a los enfermeros “llevar a cabo, de forma autónoma, cientos de actuaciones que hasta ahora han realizado con normalidad”.
Para la consejería el Real Decreto, una vez que esté publicado en el Boletín Oficial del Estado, supondrá “imponer una prohibición que quita sin motivo alguno autonomía a los profesionales que están realizando una labor asistencial con probada formación y eficiencia”. Pues, tal y como reconoce el comunicado, el texto “establece que los médicos, odontólogos y podólogos, en el ámbito de sus respectivas competencias, son los únicos profesionales con facultad para recetar. Por lo tanto, los enfermeros, a pesar de contar con la misma formación acreditada en farmacología por el Ministerio de Educación que odontólogos y podólogos, no podrán administrar legalmente ningún medicamento si no hay previamente un prescriptor que diagnostique al paciente y determine el protocolo a seguir, aunque el enfermero cuente con más formación y experiencia, y conozca mejor las guías de práctica clínica basadas en la evidencia científica para determinados procesos asistenciales que lidera y desarrolla con los usuarios de forma rutinaria”, explican.
Consecuencias para el sistema sanitario
Para el gobierno Balear, esta decisión tendrá consecuencias directas para los tres actores principales del sistema sanitario. Para los enfermeros, “ya que se les prohibirá realizar cientos de actividades cotidianas sin la autorización previa de un médico”. Para los médicos, “que verán aumentado considerablemente su volumen de trabajo por tener que autorizar productos necesarios en procesos asistenciales que, en ocasiones, ni controlan ni conocen por ser labor diaria del personal de enfermería”. Y también para los usuarios, “que notarán un empeoramiento en la atención”, pues recuerdan que, por ejemplo, para las vacunas o las curas primero deberán citarse con el médico y luego con la enfermera, “empeorando la calidad de la asistencia y el tiempo”. Circunstancias todas ellas que la consejera balear, Patricia Gómez, conoce a la perfección dada su condición de enfermera.
Por todos estos motivos, desde la consejería de Salud de Baleares rechazan la norma aprobada por el Gobierno central y “reivindican el desarrollo de las competencias que tienen reconocidas los enfermeros en su programa curricular de grado universitario, incluida la prescripción”, tal y como ya se ha desarrollado en Andalucía, donde “la prescripción enfermera supone una mejora de la calidad asistencial, siendo además coste-efectiva”, finalizan.
