EUROPA PRESS.- La Consejería de Sanidad y 12 colegios profesionales de Castilla y León, entre los que se encuentra el Consejo de Colegios de Enfermería, trabajarán conjuntamente para controlar la publicidad sanitaria que pueda ser irregular o tenga visos de faltar a la veracidad y la Administración actúe en caso de que se produzca.
Aunque se trata del primer acuerdo de estas características y el fin es reforzar la colaboración entre las instituciones firmantes, ya se actuaba para evitar la difusión de mensajes publicitarios ilegales o susceptibles de generar riesgos para la salud.
Ahora, se trata de establecer un «control compartido» de la legalidad, ha explicado el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, quien ha concretado que en muchos casos estas situaciones no tienen que ver con la actuación de profesionales sanitarios, sino de intrusismo o actos «parasanitarios», que es donde la publicidad adquirir «visos de veracidad».
El titular de Sanidad ha advertido de que a veces este tipo de publicidad puede tener efectos sobre las personas y «confundir», cuestiones que «no son inocuas». Se trata de potenciar así el trabajo que ya se desarrolla, que ha supuesto que desde principios de 2015 se hayan presentado 74 denuncias por presunto incumplimiento en materia de publicidad, 27 apercibimientos con subsanación de errores y 34 expedientes sancionadores.
Las multas pueden ser de hasta 3.000 euros en el caso de leves, de 3.000 a 30.000 en los graves y superar ésta última cifra en los casos muy graves, todo ello en virtud del grado del número de afectados, la gravedad de las actuaciones y el beneficio económico obtenido por quien presta los servicios.
Llegar más allá
Se trata de que, mediante este protocolo, con las aportaciones de los conocimientos técnicos propios de cada profesión sanitaria, se pueda determinar si una publicidad es veraz y objetiva, que permita proteger el derecho a la salud de los usuarios de los centros y establecimientos sanitarios, garantizar la seguridad de los pacientes y protegerlos frente a prácticas abusivas.
El protocolo de actuación establece, en primer lugar, que los colegios profesionales trasladarán a la autoridad sanitaria competente de la Consejería de Sanidad todos los mensajes publicitarios de los que tengan conocimiento propio de su ámbito profesional que puedan ser considerados como publicidad sanitaria ilegal.
Adjuntarán además un informe técnico sobre los motivos por los que se considera que esa publicidad pueda ser susceptible de generar riesgos para la salud de las personas.
La Consejería de Sanidad tramitará todas las comunicaciones de los consejos y colegios profesionales y, en caso de ser necesario, adoptará con carácter de urgencia las medidas cautelares o de carácter sancionador. Asimismo, informará a los consejos y colegios de todas las actuaciones que se adopten en relación con los expedientes que se tramiten en un plazo que no podrá exceder de los tres meses.
Comisión de seguimiento
Se creará además una comisión de seguimiento formada por representantes de la Consejería de Sanidad y de cada uno de los colegios profesionales firmantes para mejorar el procedimiento de intercambio de información, coordinar las actuaciones y elaborar una memoria anual de actuaciones derivadas del protocolo.
El consejero ha explicado que a veces esta cuestión se debe al intrusismo profesional, que se produce menos en profesiones con «mayor desarrollo cuantitativo» y más en otros como el «evidente» caso de los fisioterapeutas y es «claro» con los problemas sanitarios y de consumidores que se han observado en odontología y estomatología.
Además, ha explicado que también se producen entre los ópticos-optometristas, aunque menos, en «cierto nivel» entre los podólogos y también entre los protésicos por otras razones, mientras que, aunque se puedan producir, en otras profesiones «tal vez es menos frecuente».
