A. ALMENDROS.- Todos los estamentos enfermeros han mostrado su indignación y preocupación ante la posible privatización de la Atención Primaria por el auge de un movimiento autodenominado como “Farmacia comunitaria” que, a pesar de no tener respaldo legal alguno, pretende hacer actuaciones de carácter asistencial con los pacientes crónicos tanto en la botica como a domicilio.
El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (Cecova) y el Colegio de Enfermería de Madrid (Codem) ya han presentado sus alegaciones para defender ante la Administración las competencias de enfermería familiar y comunitaria frente a los intentos de privatización. Dos alegaciones que pueden servir de ejemplo para que otros colegios provinciales se sumen con el objetivo de estar unidos ante este grave problema para la profesión enfermera.
Madrid
El Colegio Oficial de Enfermería de Madrid ya ha presentado sus alegaciones al Anteproyecto de Ley de Farmacia de la Comunidad de Madrid después de que la Dirección General de Inspección y Ordenación de la Consejería de Sanidad remitiera a la entidad colegial el texto normativo para efectuar las observaciones oportunas al mismo.
Desde el Codem se entiende que la norma en tramitación afecta a los derechos e intereses legítimos de las enfermeras y enfermeros de nuestra Comunidad y deja claro en su escrito que menoscaba sus competencias profesionales, atribuidas por la legislación estatal. Por tanto, desde el Colegio se entiende que el anteproyecto, de aprobarse tal y como se ha presentado, invade las competencias del Estado tanto en materia de ejercicio de las profesiones sanitarias tituladas como en materia de ordenación de las prestaciones sanitarias.
En su escrito de alegaciones, el colegio advierte una vulneración del marco constitucional de distribución de competencias en materia de sanidad, de farmacia y de ejercicio de las profesiones sanitarias tituladas y por tanto el texto en proyecto no se ajusta a los términos establecidos por la legislación básica del Estado en vigor.
Comunidad Valenciana
El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (Cecova), en representación de los colegios de Enfermería de Alicante, Castellón y Valencia, han expresado su inquietud y malestar por el contenido del Proyecto de decreto del Consell por el que se regula la concertación de los servicios profesionales farmacéuticos asistenciales y la acreditación de las oficinas de farmacia para la prestación de dichos servicios concertados, actualmente en fase de información pública.
«Un decreto con respecto al cual nos llama la atención el hecho de que la Conselleria de Sanidad por un lado sea defensora a ultranza de la sanidad pública y por otro lado, en lugar de potenciarla en la práctica, realice convenios con el sector privado como es el de farmacia», aseguran desde el Cecova. «Queremos llamar la atención también sobre el hecho de que la norma atribuye diferentes funciones a un personal dependiente del farmacéutico, generalmente bajo una relación laboral y sin preparación en muchos casos en el campo de la asistencia sanitaria, que por su naturaleza es evidente que carece de la condición de profesional sanitario en los términos que se contempla en la normativa vigente», añaden.
2 Comentarios
Juan Ignacio
ahí esta los juzgados, si hay que llevar a un boticario ante un juez por intrusismo, se le lleva. Aye vi el siguente cuadro: un señor fué a tomarse la tension a una farmacia. La maquinita estaba averiada y el Mancebo de la botica le tomó la tensión. De verguenza, oiga.
Iñigo
Esto es de traca: unos señores que atienden una farmacia se les ocurre que pueden intentar intervenir en la sanidad mediante un invento que es la adhesión al tratamiento, y lo proponen a las distintas administraciones. No tienen formación, no tienen base legal, es instrusismo profesional, es….un despropósito, pero, sorprendentemente, algunas administraciones que administran lo público entran en el juego mediante la privatización. Preguntas: ¿por qué la administración sanitaria permite un intrusismo profesional sin formación y colabora con él?, ¿por qué la administración sanitaria admite el perjuicio al colectivo de enfermeria? ¿a quién beneficia este invento?. Y no menos importante ¿lo permitiremos como profesionales de Enfermería?