GEMA ROMERO.- Tal día como hoy, hace ya diez años, el Congreso de los Diputados aprobaba la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios –conocida como ley del medicamento–. Una nueva legislación, gestada durante más de dos años de debate y que derogaba la vigente desde 1990. Su objetivo era dar respuesta a unas necesidades que se habían quedado obsoletas 16 años después e incorporar algunas directivas europeas.
Con el inicio de tramitación de la ley, dos consejeras de sanidad socialistas, Marina Geli (Cataluña) y María Jesús Montero (Andalucía) pusieron sobre la mesa el debate de la prescripción enfermera. A su juicio, la nueva ley no sólo debía afectar a cuestiones técnicas relacionadas con los medicamentos y su financiación, sino que era una oportunidad para cambiar el rol de algunos profesionales, incorporando a los enfermeros al ámbito de la prescripción, en el ámbito de sus competencias.
Para la Organización Colegial de Enfermería que preside Máximo González Jurado suponía una gran oportunidad que no quisieron desaprovechar, sobre todo porque, ya con los primeros borradores del articulado, se quería circunscribir la prescripción exclusivamente al médico. De esa forma, lo que con la ley de 1990 estaba en un limbo legal, con la nueva ley de 2006, se convertía en ilegal. La Organización Colegial de Enfermería iniciaba así una intensa campaña de concienciación social y política para dar legalidad a las numerosas actuaciones enfermeras en materia de prescripción farmacológica, ante el rechazo virulento de la Organización Médica Colegial. La batalla por la prescripción había comenzado.
Enmienda tras enmienda, debate tras debate, la prescripción enfermera entró y salió del texto de la ley en diversas ocasiones a lo largo de su tramitación. Tan es así que, en un primer momento, el Boletín Oficial del Estado publicó la ley con la aprobación de la prescripción enfermera. Error que fue subsanado días después, tras comprobar en el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, que la enmienda propuesta por Convergència i Unió, y defendida por Conchita Tarruella, no había salido adelante. Finalmente, el texto de la nueva norma sólo permitía prescribir medicamentos a médicos y odontólogos.
A por la modificación
Aunque no se consiguió salvar el primer escollo, el Consejo General de Enfermería mantuvo su campaña de concienciación dirigida a instituciones, profesionales sanitarios, y políticos para difundir los beneficios que reporta la prescripción enfermera, tanto para los pacientes como para el sistema sanitario. Tres años de reuniones, de presentación de datos e informes para que los distintos partidos políticos cambiasen su postura inicial y aceptasen modificar la nueva ley del medicamento para dar cobertura legal a las actuaciones enfermeras.
El 28 de abril de 2009, casi tres años después, el Congreso de los Diputados respaldaba por unanimidad la admisión a trámite de la proposición de ley, presentada por el Grupo Socialista, para la legalización de la prescripción enfermera. Regulación que vería la luz unos meses más tarde, el 22 de diciembre de ese mismo año.
Mientras tanto, y con los debates parlamentarios a nivel nacional muy avanzados, el Consejo de Gobierno de Andalucía aprueba en julio de 2009 su propio decreto por el que se reconoce a los enfermeros andaluces la capacidad de prescribir, a través de una receta propia, medicamentos y productos sanitarios no sujetos a receta médica. Primera y única comunidad en dar este reconocimiento. No en vano, su consejera de Salud seguía siendo M.ª Jesús Montero. Una normativa autonómica que ha demostrado la calidad y seguridad de la prescripción enfermera, la ausencia de conflictos entre médicos y enfermeros en el día a día, así como el ahorro de costes para el propio sistema.
En la ley, sin desarrollo
Modificada la ley del medicamento, -primera de sus hasta ahora 12 versiones- que sí reconoce la prescripción enfermera, quedaba pendiente su desarrollo normativo, a través de un Real Decreto que el Gobierno debía aprobar en un plazo máximo de 12 meses. Sin embargo, los debates sobre su redacción se prolongaron durante 6 años, con tres ministros distintos, de dos partidos, y con más de 90 redactados diferentes.
Para Máximo González Jurado, presidente del Consejo General de Enfermería, “todos estos años han sido balas de fogueo. La ley sí contempla la prescripción enfermera, pero ha sido el desarrollo normativo, a través del Real Decreto, el que ha intentado poner cortapisas no establecidas en la ley, que se tramitó con el consenso de todo el Parlamento y que abrió totalmente la puerta a la prescripción enfermera”.
Fue el Gobierno del Partido Popular el que aprobó un texto modificado a última hora para contentar a las organizaciones médicas, traicionando lo pactado con la enfermería. Un texto diferente al que había recibido el visto bueno del Consejo Interterritorial y del Consejo de Estado y que publicó en el Boletín Oficial del Estado dos meses después de su aprobación en Consejo de Ministros, con el Gobierno ya en funciones.
De tal forma que, diez años después de la aprobación de la ley del medicamento, sigue faltando el pleno desarrollo de la prescripción enfermera. “Es necesario decir –añade González Jurado– que ahora contamos con una normativa europea, que no teníamos en aquellos años, como es la modificación de 2013 de la directiva de Cualificaciones y que aún está pendiente de trasponerse en España. Esta directiva nos abre la puerta de la prescripción enfermera en toda su amplitud, es decir, igual que pueden hacerlo médicos, odontólogos y podólogos, al reconocer el diagnóstico enfermero”. Quién sabe si con una nueva modificación de la ley del medicamento. Al fin y al cabo, como sostiene el presidente de los 280.000 enfermeros españoles, “es una ley viva que tiene que ir evolucionando y adaptándose a los nuevos tiempos”. De hecho, en estos últimos 10 años ya ha sufrido hasta 12 modificaciones.