En 2023 se denunciaron un total de 2.840 agresiones a enfermeras en España, según los datos del Observatorio de Agresiones del Consejo General de Enfermería que se han presentado esta mañana en la III jornada de prevención de agresiones a los profesionales de la sanidad que ha tenido lugar en el Ministerio de Sanidad. Para acabar con ellas, más allá de denunciar, como siempre propugna el CGE, se hace necesario un incremento en las penas para acabar con esta lacra. Así, el CGE pide incrementar las penas para acabar con las agresiones a enfermeras.
Como ha detallado Diego Ayuso, secretario general del CGE y director del Observatorio de Agresiones en las jornadas, “las agresiones a profesionales sanitarios no dejan de aumentar y, en parte, se debe a que al agresor le sale muy barato cometer una agresión. Si bien es cierto que desde hace años se tipifican como delito de atentado a la autoridad, las penas son tan bajas que apenas tienen repercusión. De hecho, según los datos de Policía Nacional, el 20% de los agresores reincide, pese a la condena”. Así ha recordado datos de algunas sentencias de los tribunales españoles que han condenado a los agresores a cuatro meses de prisión, a seis meses, o a un año, con multas de 400€ o de 600€.
Desde el CGE también se pide proteger a los profesionales que ejercen su función en la sanidad privada, pues al no ser funcionarios no tienen la consideración de autoridad, por lo que las penas en caso de sufrir una agresión son incluso menores.
Sólo hacen su trabajo
Por ello, desde el CGE piden un incremento en las penas a las que han de enfrentarse quienes agreden a una enfermera que sólo está haciendo su trabajo. Como explica Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería, “las enfermeras y enfermeros de España se enfrentan cada día a hacer su labor con una presión asistencial brutal debido al déficit crónico de profesionales que arrastra nuestro país. De hecho, hacen falta más cien mil enfermeras para equipararnos a nuestros vecinos europeos. Soportan estrés, condiciones laborales infames, el menosprecio de la Administración… Todo eso y mucho más lo soportan por sus pacientes, por su vocación inquebrantable”.
Sin embargo, para el presidente de las 345.000 enfermeras españolas “hay límites que no se pueden traspasar, porque la abnegación de nuestras profesionales no implica soportar vejaciones ni agresiones. Con la violencia, ya sea verbal o física, debemos tener tolerancia cero. No hay justificación alguna para sentir miedo o sufrir lesiones, amenazas ni vejaciones cuando uno simplemente desempeña su labor en su puesto de trabajo. Y menos cuando su trabajo consiste en salvar vidas, en cuidar de la salud de las personas”.
Últimos datos
Según los últimos datos del Observatorio de Agresiones del CGE, correspondientes al año 2023, se han registrado un total de 2.840 agresiones a enfermeras. Por comunidades autónomas, Andalucía es la que ha registro un mayor número de estos sucesos, con 752, seguida de Baleares (369), Aragón (242), Castilla y León (232) y Galicia (212). Por el contrario, las regiones que menos agresiones han notificado son Ceuta (3) Melilla (3), Extremadura (14), Comunidad Valenciana (15) y Madrid (30).
Tal y como ha señalado Guadalupe Fontán, coordinadora del Instituto de Investigación del CGE, “los datos del observatorio provienen de lo que nos notifican los colegios provinciales de Enfermería, así como de algunas instituciones que a nivel autonómico también nos los hacen llegar. Sin embargo, como ha incidido Diego Ayuso, “estos datos no reflejan el total de las agresiones reales. Sabemos que hay una infra notificación de incidentes violentos en nuestros centros sanitarios, especialmente cuando se refieren a insultos y amenazas, porque no se denuncian. De ahí, que desde el Consejo General de Enfermería siempre insistamos en la necesidad de denunciar estos hechos, pues una agresión, ya sea física o verbal, que no se denuncia, es un hecho que no se conoce y, por tanto, no existe”.
Tampoco hay que olvidar el que hecho de que para el profesional que sufre una agresión ya sea verbal o física, “le supone mucha frustración, mucha preocupación, también le puede provocar una baja laboral y afectarle a nivel profesional en la forma desarrollar su actividad, pues muchas veces quien sufre una agresión piensa que ha hecho algo mal, cuando realmente es una situación que no tiene que ver con la actitud o con la profesionalidad de esa compañera, sino que el estrés y la ansiedad que padece un paciente o un familiar por no ver satisfechas sus expectativas por la deficiencias del sistema y no por la actuación concreta de un profesional”, ha subrayado Ayuso.
