REDACCIÓN.- El Colegio Oficial de Enfermería de Madrid desea expresar su honda preocupación por la situación de inseguridad jurídica así como por las consecuencias sanitarias que se derivan de la decisión judicial, adoptada el día 20 de agosto por el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Madrid, por la que se deniega la ratificación de la últimas medidas preventivas acordadas por la Comunidad de Madrid mediante la Orden 1008/2020, de 18 de agosto, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID 19 para la aplicación de las actuaciones coordinadas en salud pública para responder a la situación de especial riesgo derivada del incremento de casos positivos por COVID-19.
Resulta del todo desalentador que, a estas alturas de la crisis sanitaria y a pocas fechas del final del periodo estival y del comienzo del otoño, que marcarán la reactivación de la actividad en todos los ámbitos (económico, educativo, social, etc.) en Madrid, aún continúe abierto el debate jurídico sobre cuestiones que ya deberían haber quedado superadas como son las referidas a cuál es el marco normativo que permite y avala la adopción por parte de las autoridades sanitarias de medidas preventivas de salud pública o sobre la afectación que dichas medidas tienen en la esfera y el ejercicio de las libertades públicas y los derechos fundamentales por parte de los ciudadanos.
El Colegio Oficial de Enfermería de Madrid, en su condición de representante institucional de las enfermeras y enfermeros que ejercen en la Comunidad de Madrid, exige y urge a todas las autoridades públicas, en el ámbito de competencias y responsabilidad que les corresponde en la gestión de la crisis de salud pública, así como a los representantes de todas las fuerzas políticas con presencia en las instituciones legislativas, para que, sin demora, adopten y consensuen cuantas medidas en el ámbito normativo sean necesarias, pertinentes, adecuadas y suficientes para para poner fin al inexplicable galimatías jurídico al que hace referencia el magistrado titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Madrid y que ha motivado la denegación de la ratificación de las de las nuevas medidas sanitarias contenidas en la Orden 1008/2020, de 18 de agosto.
