El Consejo de Enfermería de Castilla-La Mancha rechaza la propuesta de hacer test de COVID-19 en las oficinas de farmacia

ÁNGEL NARANJO.- El Consejo de Colegios de Enfermería de Castilla-La Mancha rechaza la posibilidad de que los farmacéuticos puedan hacer test de detección de COVID-19 a la población en la red de oficinas de farmacia de Castilla la Mancha, tal y como plantearon los cinco presidentes de Colegios de Farmacéuticos de la región en la reunión mantenida hace pocos días con el presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page.

En el transcurso de la videoconferencia, en la que también participó el Consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, los farmacéuticos de la región plantearon la posibilidad de hacer estas pruebas a los ciudadanos, dentro de una posible campaña sanitaria.

El Consejo Autonómico de Enfermería considera un disparate la propuesta y afirma con rotundidad, que ese planteamiento invade de lleno las competencias profesionales que la Ley de Profesión de Ordenaciones Sanitarias reserva para los profesionales de Enfermería, únicos capacitados para realizar técnicas de punción, así como los actos sanitarios posteriores que puedan derivarse del resultado del test, la realización de una segunda prueba de detección, que aconsejen el seguimiento del paciente en el centro de salud o en su domicilio.

Las personas que se tienen que someter a cualquier prueba, ya sea de carácter diagnóstico o terapéutico, precisan de atenciones de una enfermera, que ésta desarrolla dentro del ámbito de sus competencias y, dentro de las funciones que por ley le corresponden una de ellas, la asistencial. La enfermera realiza su trabajo identificando una serie de problemas que son de su área de competencia y emite un juicio profesional sobre la respuesta de la persona, frente a posibles problemas de salud reales o potenciales que puedan aparecer y que deben figurar recogidos en la historia clínica a la que, por supuesto, los profesionales farmacéuticos no tienen acceso.

Está claro que de llevarse a cabo la propuesta planteada por los profesionales farmacéuticos, se estaría poniendo en riesgo la salud de la población y la seguridad de los pacientes porque los farmacéuticos no tienen las competencias profesionales para la prescripción y/o administración de cualquier técnica invasiva, ni para prestar ningún otro tipo de asistencia sanitaria. Tampoco preparación alguna ni los medios técnicos necesarios para actuar si el paciente sufre una reacción adversa o complicación como consecuencia de la punción y, por tanto, podría producirse una situación de gravedad que podría tener consecuencias perjudiciales para el paciente.