GEMA ROMERO / MARINA VIEIRA.- El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Real Decreto-Ley de medidas que permiten a las comunidades autónomas y al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) la contratación excepcional de personal facultativo y no facultativo para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. A través de esta nueva norma, se permite la contratación excepcional de profesionales que cuenten con el grado, licenciatura o diplomatura correspondiente pero carecen del título de especialista reconocido en España, para realizar funciones propias de una especialidad; extracomunitarios que tienen pendiente algún trámite para la homologación de su título; o a quienes hayan realizado las pruebas selectivas para el EIR 2019/2020, que han superado la puntuación mínima pero no han resultado adjudicatarios de plaza. Medidas todas ellas que “van a tener poca incidencia en la enfermería, pues todos los que se presentaron a las plazas de formación de especialistas ya ejercen como enfermeros”, explica José Luis Cobos, vicesecretario general del Consejo General de Enfermería.

Entre otras medidas, el decreto-ley también permite la posibilidad de que las comunidades autónomas muevan al personal estatutario a otras unidades asistenciales dentro del mismo hospital, de los hospitales a los centros de Atención Primaria y viceversa o a hospitales de campaña, “si las necesidades lo demandan”, algo que sí podría tener más relevancia para la profesión enfermera. «La movilidad interna ya la estamos sufriendo desde hace mucho tiempo, quizás, lo único novedoso que prevé esta nueva norma es el hecho de que se permita la movilidad de atención hospitalaria a Atención Primaria», recalca José Luis Cobos.

El Ministerio de Sanidad declara que con esta nueva norma se permite que se contraten 10.000 profesionales sanitarios -entre los que incluyen todos los médicos, psicólogos, farmacéuticos, biólogos, químicos y físicos que optaron a la especialidad y no la obtuvieron-. Sin embargo, es una norma que poco va a cambiar en la profesión enfermera, por esta razón desde el Consejo General de Enfermería consideran que esto «no soluciona el problema de Recursos Humanos» al que se enfrenta la sanidad española y que «no se ha tenido en cuenta el punto de vista cuantitativo y cualitativo del perfil profesional enfermero para diseñar esta norma2, concreta el vicesecretario general del CGE.