REDACCIÓN.- Hace poco más de un año, España se enfrentó a una de las mayores amenazas para la salud pública de los últimos tiempos, la infección por el virus del ébola. El contagio de la auxiliar de enfermería Teresa Romero copó la atención de los medios de comunicación de todo el mundo. Se trataba del primer caso registrado en Europa por este letal microorganismo después de que la profesional atendiera a los misioneros Miguel Pajares y Manuel García Viejo, que fallecieron a causa de la enfermedad.

La gestión de la crisis del ébola estuvo presidida por la descoordinación de las administraciones, la falta de previsión y de reacción entre los responsables sanitarios. Aunque afortunadamente la infección no se expandió y la auxiliar sobrevivió, muchos profesionales estuvieron expuestos al virus, los protocolos fallaron, el equipamiento de protección fue deficiente, así como la formación para su uso. Así lo denunció el Consejo General de Enfermería en un demoledor informe que tuvo eco en todo el mundo. Ante la inacción de la entonces ministra de Sanidad, Ana Mato y las polémicas declaraciones de su homólogo en la Comunidad de Madrid, Javier Rodríguez, quien tampoco ocupa ya ese cargo, al final, la gestión recayó principalmente en un comité de expertos bautizado como Comité Científico Asesor del Ébola.

Ahora, el Ministerio de Sanidad ha concedido la Encomienda de la Orden Civil de Sanidad a los miembros de ese grupo de expertos, una alta condecoración que premia méritos, conductas, actividades o servicios relevantes o excepcionales en el ámbito de la sanidad.

Los nueve condecorados son médicos, con la excepción de un bioquímico, que sin duda contribuyeron al buen desenlace de la crisis sanitaria derivada del ébola. Pero una vez más, el Ministerio de Sanidad que ahora dirige Alfonso Alonso vuelve a olvidarse totalmente de los profesionales que pusieron en riesgo su vida al exponerse al virus de forma directa y no desde un despacho. El informe del Consejo General de Enfermería reflejó que el 95% de las intervenciones directas con pacientes infectados por el virus estuvieron a cargo de una enfermera o enfermero que arriesgaba su vida por cumplir con su deber, pues, como reflejaba claramente la investigación, las condiciones de trabajo y la prevención ante un agente tan letal distaban mucho de ser las idóneas. Pero además de los enfermeros, Sanidad se olvida así de otros tantos profesionales sanitarios y no sanitarios que desempeñaron un papel clave en el traslado de los enfermos y en la atención a los pacientes sospechosos que estuvieron ingresados en cuarentena en el Hospital La Paz-Carlos III.

El gesto del Ministerio –y el Gobierno del Partido Popular por extensión- es una muestra más del manifiesto desprecio a la profesión sanitaria más numerosa, una profesión a la que ha traicionado también al modificar de forma ilícita y a última hora el Real Decreto de prescripción al dictado de organizaciones médicas ultraconservadoras. Unos cambios que, según un dictamen jurídico independiente, no se ajustan a la legalidad y que, en la práctica, van a suponer la convocatoria de una huelga competencial cuando –como dice el texto adulterado del RD- aboque a la sanidad a un colapso y un caos sin precedentes, según ha denunciado la Mesa de la Profesión Enfermera, ya que impide que los enfermeros lleven a cabo actuaciones cotidianas que agilizan el sistema sanitario y la atención al paciente.