REDACCIÓN.- Tras cuatro años sin celebrarse, la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ha vuelto a recuperar la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento de los Programas de Prevención del Sida. El encuentro se ha celebrado con representantes de cinco ministerios (sanidad, presidencia, relaciones con las cortes e igualdad, defensa, justicia y exteriores), el Consejo de la Juventud de España, representantes de las 17 comunidades autónomas y de consejos y colegios oficiales, entre los que se encontraba Pilar Fernández, vicepresidenta del Consejo General de Enfermería. Esta comisión reúne a las diferentes administraciones, representantes profesionales, sociedades científicas y representantes de la sociedad civil que están implicados en la respuesta al VIH y cuenta con el objetivo de coordinar los programas desarrollados por las Administraciones Públicas para la prevención y control del VIH.

Los asistentes a la reunión, entre los que se encoentraba Pilar Fernández, vicepresidenta del Consejo General de Enfermería

En este encuentro, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ha trasladado al Pleno la situación epidemiológica de la infección por VIH e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS); la actividad internacional de la secretaría del Plan Nacional del SIDA; la recuperación para su actualización y desarrollo de la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, así como la puesta en marcha de las medidas que contempla el Pacto Social por la No Discriminación y la Igualdad de Trato asociada al VIH, presentado el pasado diciembre. En este sentido, el ministerio ha informado a la Comisión de la puesta en marcha de los grupos de seguimiento para el desarrollo del Real Decreto de actualización de las causas médicas de exclusión en el acceso al empleo público y que pone fin a la discriminación de las personas con VIH.

“Lo cierto es que los prejuicios acerca de algunas enfermedades infecciosas y, en particular, las de transmisión sexual provocan desigualdad en el acceso a servicios sociales, jurídicos y sanitarios así como al mercado laboral o a la vivienda”, ha asegurado la ministra. “Y esta situación requiere una respuesta multisectorial consensuada y estable”, como resultado de las aportaciones acordadas por todos los agentes clave a través de un proceso abierto y participativo. El Pacto Social por la No Discriminación y la Igualdad de Trato asociada al VIH constituye un importante avance en la protección de los derechos de las personas más vulnerables frente a la discriminación.

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