GEMA ROMERO.- La Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) considera que «no estamos en un contexto que justifique suficientemente derivar de forma generalizada (y sin una profunda reflexión y planificación previa) la prestación de este servicio sanitario a ámbitos, a priori, poco adecuados», señalan en un comunicado. En la misma línea se han pronunciado las enfermeras de Atención Primaria de Madrid (SEMAP), para quienes las farmacias «no disponen ni de personal debidamente cualificado ni de espacios adecuados para la realización de pruebas diagnósticas de COVID-19 de manera segura».
Desde SESPAS, resaltan que el balance riesgo-beneficio del uso de test de antígenos en cribados poblacionales o a demanda en las farmacias es «incierto» y el coste-oportunidad se prevé «importante», puesto que supondrá «derivar recursos de la sanidad pública, fundamentalmente de la Atención Primaria, a profesionales de ejercicio profesional privado».
«Se produce la externalización de una prestación y se introduce en el sistema un nuevo y desconocido instrumento de colaboración público-privada. Las farmacias son un recurso comunitario y la Ley General de Salud Pública contempla su colaboración en programas y estrategias de salud pública. No obstante, no estamos en un contexto que justifique suficientemente derivar de forma generalizada (y sin una profunda reflexión y planificación previa) la prestación de este servicio sanitario a ámbitos, a priori, poco adecuados», señalan.
«En situaciones de alta transmisión y medidas restrictivas, con escasez de PCR o demora diagnóstica y gran presión asistencial en centros de Atención Primaria, sería necesario poner en la balanza los riesgos derivados de los falsos negativos (particularmente en entornos de alto riesgo) y falsos positivos con el beneficio de detectar y aislar con rapidez casos potencialmente contagiosos en el ámbito comunitario, en función de los recursos y capacidades disponibles», resaltan al respecto.
SESPAS asegura que mantiene una visión «amplia, pluridisciplinar y cooperativa» de la salud pública y de la Atención Primaria y Comunitaria que, además de médicos y enfermeras, ha de incluir también a otros profesionales como farmacéuticos, psicólogos, trabajadores sociales, etc. «Ahora bien, la presión social y mediática para realizar cribados masivos e indiscriminados y de ligar su automática realización de forma directa a las farmacias nos parece un argumento engañoso y no exento de riesgos y de importantes problemas», puntualizan.
«El principio de precaución exige evaluar primero si ese tipo de pruebas masivas son o no pertinentes y, de ser así, elaborar después un plan que atienda siempre a criterios de salud pública. Solo después de realizar estas actuaciones previas se puede valorar la idoneidad de realización de test en las farmacias para casos excepcionales», añaden.
Rechazo de SEMAP
Más allá van en la Sociedad Madrileña de Enfermería Familiar y Comunitaria (SEMAP), con un rechazo total a que establecimientos privados como las farmacias realicen estos test. A su juicio, «en su mayoría, estos establecimientos no disponen ni de personal debidamente cualificado ni de espacios adecuados para la realización de pruebas diagnósticas de COVID-19 de forma segura para los ciudadanos que acuden a ellos, ni para los trabajadores. Para estas intervenciones se requiere un espacio físico con suficiente ventilación, estancias diferenciadas en zona limpia y zona sucia, con un circuito diferenciado de acceso y salida del recinto, y con limitación del aforo, que permita que el resto de población que acude al establecimiento, muchos de ellos población vulnerable, pueda acceder de forma segura y sin correr riesgo de contagio».
Además, para las enfermeras de primaria de Madrid «resulta una auténtica contradicción que desde la Consejería se hayan dado instrucciones a los centros sanitarios para habilitar zonas exclusivas», destinadas a estas pruebas y donde ningún otro ciudadano debería acceder y «que en un establecimiento comercial puedan realizarse test de antígenos sin las medidas adecuadas», subrayan. Haciendo suyos los argumento del Consejo General de Enfermería y del Colegio de Enfermería de Madrid, alegan asimismo que, «nuestro marco jurídico sanitario no atribuye funciones asistenciales a los farmacéuticos ni autoriza a realizar actividades asistenciales en las oficinas de farmacia”. No se trata solo de aprender a hacer una técnica, sino de tener reconocidas legalmente las competencias para ello. Ésta es una toma de muestra que solo puede ser realizada por profesionales sanitarios asistenciales, como somos las enfermeras. Todo lo demás sería considerado intrusismo profesional.
Para SEMAP, en caso de un positivo debe «llevarse a cabo para el manejo de casos, contactos, y realización de cuarentenas y aislamientos no es el ámbito de la farmacia donde tienen que realizarse. el que la muestra se realice en la farmacia y el resto del proceso requiera la intervención de Atención Primaria fragmenta el proceso, lo interfiere, lo ralentiza y lo dificulta. Lo adecuado es que quien realice la prueba actúe en consecuencia con el resultado, por ejemplo, dar una baja laboral, recomendar el aislamiento, adiestrar a las familias en los cuidados en el domicilio, explicar señales de alarma por las que volver a consultar, indicar analíticas, radiografías de tórax, exploración física, etc».
Por estos y otras razones que explican en su comunicado desde SEMAPO no ven «necesaria la realización a realización de estos test de antígenos fuera del ámbito del sistema sanitario público y sin garantizar las indicaciones para las cuales se crearon, significa un derroche de medios públicos, un coste adicional a la población y una privatización encubierta de los mismos, y más cuando la estrategia actual de la CAM es la realización de pruebas diagnósticas solo a casos sintomáticos y a determinados contactos como son los convivientes y personas de riesgo, dejando al resto de contactos sin otras pruebas y limitando los rastreos», concluyen.
