La Junta de Galicia somete a información pública la modificación de la Ley de salud de Galicia con el objetivo de prevenir y mejorar la respuesta frente a la violencia en el ámbito sanitario. El consejero de Sanidad, Antonio Gómez Caamaño presentaba el anteproyecto de ley a los representantes de los servicios de emergencias, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y colegios de enfermeras, médicos y de psicología, que estará en exposición pública hasta el próximo 23 de mayo. La previsión es que el nuevo texto sea remitido en verano al Parlamento gallego para su tramitación y aprobación definitiva.

Ampliación de la definición de profesional sanitario

La nueva norma, tal y como detalló el consejero incorpora una definición amplia de la violencia en el ámbito sanitario, reconociendo también los hechos que tengan lugar fuera de la jornada laboral cuando tengan relación con el ejercicio profesional.

El nuevo texto extiende la consideración de profesional sanitario a todos aquellos que desarrollan funciones asistenciales y no asistenciales vinculadas al cuidado y traslado de pacientes. Se incluye, así, el personal de transporte sanitario y de las emergencias, una pieza esencial del sistema, con el cual Galicia se convertirá en la primera comunidad que recoja de forma expresa las infracciones y sanciones por agresiones a estos colectivos.

Gómez Caamaño explicó que la modificación de la Ley establece un régimen sancionador que incluye aquellos actos de violencia que se produzcan en centros sanitarios o hospitales privados, estén o no concertados. Además, se tipifican las infracciones leves, graves y muy graves, previendo sanciones que pueden ir desde los 300 a los 15.000 euros, en función de su consideración.

La norma de la Junta también establece la defensa jurídica automática del personal de la sanidad pública por parte de la Administración autonómica, así como el apoyo psicológico preciso para los afectados.

Entre las medidas adicionales que se establecen para el agresor está el cambio de profesional asignado o, en caso de infracciones graves o muy graves, la adscripción a otro centro. Además se asegura la reparación integral del daño causado.

El anteproyecto de Ley prevé la creación de un registro único de actos de violencia y la aprobación del Plan gallego de prevención contra la violencia en el ámbito sanitario, que incluirá medidas de prevención, protocolos de actuación, formación y campañas de sensibilización social.