EUROPA PRESS.- El Consejo de Colegios Profesionales de Enfermería de Castilla y León ha solicitado este viernes a sus colegiados que dejen de administrar vacunas que no hayan sido prescritas por médicos, una práctica calificada de ilegal por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del País Vasco, según ha informado en un comunicado.
En este sentido, el pasado 27 de julio se publicó una sentencia que confirmaba la suspensión de la Instrucción del Servicio Vasco de Salud de mayo de 2016, cuyo objetivo pasaba por obligar a los enfermeros vascos a vacunar a la población sin necesidad de exigir una prescripción médica previa individualizada, una premisa contraria al Real Decreto 954/2015 que regula la prescripción enfermera.
Esta sentencia de TSJ del País Vasco implica que, actualmente, si un enfermero administra una vacuna sin que exista una prescripción previa del médico, «vulnerará» la legalidad y realizará una actividad que es competencia de otro profesional, por lo que «incurrir» en un delito de intrusismo profesional.
En este aspecto, el Consejo de Colegios Profesionales de Enfermería de Castilla y León ha pedido a sus colegiados que sean «conscientes» de la «gravedad» de la situación, ya que la jurisprudencia actual dictamina que la aplicación de vacunas sin prescripción médica expresa no es «válida», por lo que podrían derivar en responsabilidades de todo tipo en caso de seguir administrando las vacunas como hasta ahora, debido a que ninguna póliza de seguros podría cubrir esta negligencia.
Asimismo, ha informado al consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Antonio María Sáez, acerca de la petición que la institución sanitaria ha realizado a sus enfermeros y ha requerido a la consejería que se «implique» en el asunto y «exija» a los médicos que prescriban individualmente cada una de las vacunas que tendrán que administrarse a los usuarios de Sacyl.
Además, ha señalado que la modificación del Real Decreto de 2015 sobre prescripción enfermera, llevada a cabo a última hora debido a la cesión por parte del Ministerio a las presiones recibidas desde la Organización Médica Colegial, «únicamente» ha conseguido conservar un corporativismo médico «atrasado» en detrimento del «buen» funcionamiento del Servicio Nacional de Salud, mediante la conversión en ilegal de una actividad que realizan desde siempre las enfermeras y que «perjudica» a los pacientes.