REDACCIÓN.- El Consejo internacional de enfermeras (CIE) ha vuelto a hacer un llamamiento a favor de que se respete y proteja el acceso a la atención de salud a los heridos y a los enfermos durante los conflictos armados y que se detengan los ataques al personal y a las instalaciones de salud.
En el ámbito del proyecto “Asistencia de salud en peligro» dirigido por el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, el CIE ha firmado una declaración conjunta reafirmando el fuerte compromiso de la iniciativa con la protección de los heridos y los enfermos, así como del personal y las instalaciones de salud y los transportes médicos. Dicha declaración está dirigida a los Estados miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, que se han hecho eco del compromiso manifestado en la Resolución 4 – “Asistencia de salud en peligro: seguir protegiendo juntos la prestación de la asistencia de salud” – y que en mayo de 2016 adoptaron la Resolución 2286 sobre la protección de la atención sanitaria en los conflictos armados.
A pesar de estos compromisos, los ataques a la atención de salud continúan produciéndose de manera implacable.
En Yemen: desde que comenzó el actual conflicto en 2015, se han denunciado al CICR más de 160 ataques a hospitales, clínicas y personal médico. Menos de la mitad de las instalaciones de salud del país siguen siendo funcionales. Como media, 20 personas, mujeres, niños, hombres, mueren cada día, principalmente a causa de heridas tratables y enfermedades curables que se juntan con la falta de fármacos y hospitales operativos.
En Siria: en 2016, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya ha registrado más de 120 ataques a instalaciones de salud, que se suman a las 135 registradas en 2015 y a las 93 de 2014. A pesar de las continuas escaladas de violencia y las inmensas necesidades, únicamente uno de los nueve hospitales de Alepo oriental permanece completamente funcional, mientras que cuatro de ellos están totalmente fuera de servicio. El personal médico está agotado y las reservas gravemente mermadas. Tampoco Alepo occidental se ha librado de la violencia indiscriminada y sus hospitales luchan para manejar el flujo continuado de ingresos de pacientes.
En Iraq: a lo largo del año pasado, los hospitales y las instalaciones de salud han sido dañados, destruidos y saqueados, lo cual ha impedido a los civiles el acceso a servicios médicos en las provincias gravemente afectadas por el conflicto. En algunas áreas, más del 45% de los profesionales sanitarios han huido desde 2014. Los transportes médicos han sido bloqueados, han sufrido retrasos de camino a las instalaciones de salud o han sido objeto de usos incorrectos por parte de los agresores. También han sido atacados símbolos de protección y asistencia médicas.
La lista es aún más larga: Afganistán, Libia, Sudán del Sur… Los ataques a pacientes y a trabajadores sanitarios que están cuidando a heridos y enfermos durante los conflictos armados constituyen uno de los más espantosos actos de aniquilación de nuestra humanidad común. Como resultado de esta violencia, se pierden o mutilan incontables vidas: mujeres embarazadas a punto de dar a luz no logran llegar al hospital a tiempo porque las ambulancias que van a recogerlas son objeto de ataques por el camino; personas mayores con enfermedades crónicas no pueden recibir tratamiento; no es posible vacunar a los niños. Se saca a bebés prematuros de las incubadoras de hospitales reducidos a escombros; médicos que ven morir a sus pacientes porque no tienen más medicamentos para tratarles. Esta situación afecta tanto a los pacientes, como a los trabajadores sanitarios, a sus familias y a comunidades enteras. Hay que ponerle fin. En las guerras hay reglas.
Los Estados deben actuar con arreglo a sus compromisos ahora y detener esta violencia.
La declaración conjunta insta a quienes están implicados en los conflictos actuales a respetar y proteger los hospitales y otros medios civiles de las hostilidades. Los gobiernos externos con influencia deben presionar a las partes en guerra para que cumplan con sus obligaciones de conformidad con el derecho internacional humanitario. Las partes en conflicto deben respetar el santuario de las instalaciones médicas.
Asimismo, deben permitir que los suministros médicos lleguen a su destino y que se realicen las evacuaciones médicas según sean necesarias. Deben investigar de manera exhaustiva, rápida, imparcial e independiente cualquier incidente que impida la prestación de atención de salud con seguridad. Deben instar a sus fuerzas militares a incorporar medidas preventivas para proteger a las personas heridas y enfermas, así como al personal, las instalaciones y los vehículos sanitarios cuando planifican y llevan a cabo operaciones militares. Deben sensibilizar y cumplir con el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, así como difundir los principios éticos de la atención de salud, en colaboración con las instituciones pertinentes, entre el público en general y las fuerzas armadas.
Hay límites en la forma de luchar en las guerras. Todas las personas, heridas o enfermas, tienen derecho a atención de salud. Incluso en los conflictos.
«Asistencia de salud en peligro» es un proyecto dirigido por el CICR del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja destinado a mejorar la eficiencia y la prestación de atención de salud imparcial en conflictos armados y otras emergencias.
Además de apoyar la iniciativa Asistencia de salud en peligro, el CIE es miembro fundador de la Coalición para proteger la salud en los conflictos, que promueve el respeto del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos en relación con la seguridad de las instalaciones de salud, los trabajadores sanitarios, las ambulancias y los pacientes para garantizar su seguridad en periodos de conflicto armado o violencia civil.