REDACCIÓN.- El Partido Popular vuelve a quedarse solo en su idea de no cambiar el Real Decreto de prescripción enfermera que aprobó el Gobierno y que impide a los enfermeros tomar decisiones cotidianas en materia de fármacos y supeditarlo todo al criterio y a la prescripción del médico, algo que está afectando gravemente al sistema sanitario. Con la excepción del PP, todos los partidos se posicionan en contra de una normativa que se modificó a última hora a espaldas de la enfermería y que entró en vigor en la víspera de Nochebuena.
Si el otro día eran doce autonomías las que pedían la derogación del decreto –o su paralización- , ante el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, en el seno del Consejo Interterritorial del SNS, ahora es en el Congreso donde los diputados intentan revertir la terrible situación para profesionales y pacientes que se deriva del decreto. El orden del día de la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados lo establecía claramente, uno de los puntos principales del debate en la Cámara Baja versaría sobre el controvertido Real Decreto. Sobre las 10 de la mañana, portavoces de todos los grupos con representación parlamentaria –menos el PP- han expuesto sus argumentos para derogar la actual regulación y presentar una Proposición No de Ley (PNL) propuesta por PSOE y PNV que ponga fin a una pesadilla legal en la que se encuentra inmersa la enfermería desde hace ya casi cinco meses.
El resultado de la votación ha demostrado que la mayoría de los grupos parlamentarios están a favor de la PNL (28 votos a favor, frente a 15 en contra). El artículo 3.2 del Real Decreto de prescripción ha protagonizado las intervenciones, pues se trata del punto clave que ata de pies y manos a los enfermeros. Las intervenciones han reiterado las explicaciones que numerosas veces han hecho públicos los representantes de la enfermería, Consejo General de Enfermería y SATSE, para considerar que es una regulación injusta y descontextualizada de las necesidades en la sanidad de hoy en día. “El Real Decreto es un atentado al ejercicio de la profesión de enfermería y un atentado al ejercicio de otras profesiones” introducía Jesús María Fernández, representante del grupo parlamentario socialista y médico de profesión, “es una normativa tomada de manera improvisada y chapucera. El Real Decreto ha logrado el rechazo generalizado de la comunidad sanitaria, de asociaciones profesionales y de doce Comunidades Autónomas que han manifestado recientemente su rechazo en el Consejo Interterritorial celebrado la semana pasada. Lo mejor que puede hacer este Gobierno en funciones es suspender este Real Decreto y si no lo deroga, hacer una moratoria en su aplicación” añadía el socialista.
Desde el Grupo Mixto, se ha contado con el punto de vista político y profesional, ya que Isidro Martínez, diputado por el citado grupo en la Cámara Baja es también enfermero de profesión y su intervención ha sido contundente. “El grupo mixto expresa su inequívoco rechazo” al Real Decreto “que impide a los profesionales de enfermería a usar, indicar o autorizar la dispensación de medicamentos sin que antes haya la prescripción de un médico”.
Desde el grupo socialista también se argumentaba que el “Real Decreto está en contra de la realidad de la sanidad del Siglo XXI. Lejos de extender las competencias de enfermería, lo que hace la norma es reducirlas, reduce las competencias de una profesión que en nuestro país tiene formación de Grado universitario y sus profesionales están considerados entre los mejores formados de Europa”.
Comunidades Autónomas
El Real Decreto, a su vez, también constituye una invasión en las competencias de las Comunidades Autónomas. Así lo argumentaba Fernández en su discurso “hay una invasión de competencias, el propio recurso de la Junta de Andalucía así lo demuestra y hay jurisprudencia del Tribunal Supremo que dice que la formación continuada ha de ser competencia de las Comunidades Autónomas”. En la misma línea introducía su intervención Pilar Ardanza, diputada del PNV que manifestaba que “el Real Decreto ha sido una invasión competencial” porque, tal y cómo exponía en su intervención, la norma atenta la competencia de desarrollo legislativo de la Comunidad Autónoma vasca.
Pérdida de agilidad asistencial
Por su parte, desde el partido nacionalista vasco, se argumentaba a favor de la derogación del Real Decreto exponiendo la “pérdida de agilidad asistencial” que este ha generado en los centros sanitarios ya que “traslada al profesional prescriptor la responsabilidad de toda la gestión de los pacientes, incluyendo el seguimiento de los mismos. Al tiempo que fracturando la agilidad tan necesaria entre médicos y enfermeros”. Tensiones y conflictos donde antes no los había, es lo que el grupo parlamentario quiere eliminar y por eso pide “la derogación de este Real Decreto y que se inicie un nuevo proceso negociador, para pactar un nuevo texto que tenga en cuenta las competencias de las Comunidades Autónomas y cuente con el consenso profesional”.
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