La prescripción enfermera vuelve a la escena parlamentaria de la mano del PSOE

GEMA ROMERO.- Modificar la actual regulación de la prescripción enfermera para que esté en consonancia con la Ley del Medicamento, garantizando así el normal funcionamiento del sistema sanitario y poniendo fin a su judicialización. Eso es lo que ha propuesto el Grupo Parlamentario Socialista en el Senado en una moción por la que se solicita a la Cámara Alta a que inste al Gobierno a la modificación.

Tras la interpelación en el Senado sobre “la valoración del Gobierno de la evolución de los indicadores de protección social en materia de sanidad, igualdad y servicios sociales, y como afrontar la situación en el actual Legislatura”, que tuvo lugar el pasado 22 de noviembre, el Grupo Parlamentario Socialista en el Senado ha presentado una moción con un total de 13 puntos en las que se pide que el Senado inste al Gobierno a que desarrolle estas medidas “con el mayor consenso con las comunidades autónomas”.

Entre estos puntos, desde el PSOE se incluye la modificación de la actual regulación de la prescripción enfermera “para asegurar que esté en consonancia con la Ley del Medicamento, con el Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y con el Dictamen del Consejo de Estado”. Todo ello para garantizar así “el normal funcionamiento del sistema sanitario y poniendo fin a su judicialización”.

Vuelta al consenso

Tal y como recuerda Máximo González Jurado, presidente del Consejo General de Enfermería, “la ley sí contempla la prescripción enfermera, pero ha sido el desarrollo normativo, a través del Real Decreto, el que ha intentado poner cortapisas no establecidas en la ley, que se tramitó con el consenso de todo el Parlamento y que abrió totalmente la puerta a la prescripción enfermera”.

Fue el Gobierno del Partido Popular el que aprobó un texto modificado a última hora para contentar a las organizaciones médicas, traicionando lo pactado con la enfermería. Un texto diferente al que había recibido el visto bueno del Consejo Interterritorial y del Consejo de Estado y que publicó en el Boletín Oficial del Estado dos meses después de su aprobación en Consejo de Ministros, con el Gobierno ya en funciones. Y que es el que ahora el Partido Socialista pretende recuperar.

Decreto en vigor

Tras los diversos recursos ante el Tribunal Supremo –hasta 11 recursos se han presentado, 8 de comunidades autónomas y tres de otras entidades, entre ellas el Consejo General de Enfermería-, este organismo decidió la no paralización del Real Decreto, manteniéndolo íntegramente en vigor.

Dos comunidades autónomas, Andalucía y Aragón, presentaron sendos recursos ante el Tribunal Constitucional, por invasión de competencias. Admitidos a trámite, ello suponía la paralización de los recursos del Supremo hasta la adopción de una decisión definitiva, que puede demorarse varios años.

Mientras tanto, tal y como recuerdan en la Mesa de la Profesión Enfermera –integrada por el Consejo General de Enfermería y el Sindicato SATSE- el decreto está plenamente en vigor. Así, “las enfermeras y enfermeros españoles no pueden realizar ninguna actuación terapéutica relacionada con el medicamento si no va acompañara de una prescripción médica de forma oficial, es decir con carácter individual y nominativo para cada paciente, y en la que se especifique claramente cuál es el acto enfermero objeto de intervención”, señalan.