La revisión parcial de funciones y categorías de unas profesiones frente a otras desestabilizaría el Sistema Sanitario

REDACCIÓN.- La Mesa de la Profesión Enfermera, integrada por el Consejo General de Enfermería (CGE) y el Sindicato de Enfermería, SATSE, ha trasladado al Ministerio de Sanidad que la revisión parcial y aislada de las funciones solo de las categorías profesionales de formación profesional que forman parte del Sistema Nacional de Salud, así como su reclasificación profesional, puede llevar a una confrontación laboral y profesional en los centros sanitarios y sociosanitarios del conjunto del Estado.

En una carta dirigida a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, la Mesa de la Profesión Enfermera, integrada por el Consejo General de Enfermería (CGE) y el Sindicato de Enfermería SATSE, le pide que confirme si es cierto que su departamento ha adquirido el compromiso de modificar la clasificación profesional y funciones del colectivo de técnicos sanitarios (auxiliares de enfermería y técnicos de formación profesional de la rama sanitaria) y, en caso de que sea así, le pide conocer su alcance dado que entiende que tendría importantes repercusiones, no solo para el sistema sanitario sino para todos los sectores de la administración pública (salud, justicia, educación, Administración General del Estado…)

En el caso de una posible revisión de las funciones del colectivo de técnicos sanitarios de formación profesional, la Mesa sostiene que, al estar reguladas de igual manera que las del resto de categorías profesionales del sistema sanitario,  debería acometerse un abordaje integral de todas ellas, máxime cuando, en la actualidad, se trabaja cada vez más en equipos de salud multidisciplinares en los que deben convivir en perfecta armonía las funciones de todos sus miembros en beneficio de la seguridad del paciente y la calidad asistencial.

“La interrelación de todas las categorías sanitarias es tal que no podría abordarse la revisión de las funciones de un único colectivo sin abordar las del conjunto de todas las categorías y profesiones sanitarias existentes, ya que de lo contrario dicha modificación abocaría a un conflicto laboral y profesional en todos y cada uno de los centros sanitarios del conjunto del Estado de imprevisibles consecuencias y que repercutiría muy negativamente en la atención sanitaria y cuidados, dada la inevitable confrontación que se produciría entre los diferentes colectivos sanitarios afectados por unos espacios competenciales que hoy en día están bien delimitados y no generan ningún tipo de distorsión en la excelente asistencia sanitaria que se presta en nuestro sistema sanitario”, afirma.

En cuanto a la reclasificación profesional del colectivo de técnicos de formación profesional, la Mesa de la Profesión Enfermera entiende que tampoco se podría acometer de manera aislada para este colectivo en el SNS y en el ámbito sociosanitario público. En consecuencia, la posible reclasificación para ascender a un grupo superior a estos técnicos conllevaría la inmediata reclasificación de todos estos trabajadores con independencia del sector de la administración pública a la que pertenezcan.

Serían, por tanto, cientos de miles de empleados públicos y supondría un coste anual que, en el caso exclusivo de los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería asciende a 600 millones de euros y que, teniendo en cuenta la totalidad de trabajadores de todo el sector público,  podría ascender a unos 12.000 millones de euros, unas cantidades económicas que, dadas las circunstancias actuales, repercutiría de manera importante en la financiación del conjunto de la administración del Estado, añade.

Por otro lado, la Mesa apunta que esta reclasificación no podría limitarse a los grupos B y C de clasificación profesional ya que, de abordarse la misma, indefectiblemente deberá abordarse también la del grupo A, el cual actualmente se encuentra subdividido de forma anómala en dos subgrupos: A1 y A2, lo que ha permitido mantener la división entre los antiguos licenciados y diplomados universitarios a pesar de que las actuales titulaciones universitarias son todas de Grado, desde hace ya más de 10 años.

“Ello provoca agravios notables, como el de que una enfermera graduada haya cursado los mismos créditos que, por ejemplo, un periodista, bibliotecario, etc., y que si alguno de éstos profesionales es contratado por una administración pública, sin embargo, se vean clasificados en grupos diferentes por el simple hecho de que dichos trabajadores procedan de la antigua licenciatura hasta la reforma universitaria que implantó los títulos de grado, por lo que se le clasifica en el grupo A1, mientras que a la enfermera se la clasifica en el grupo A2 por haber sido una diplomatura universitaria, y todo ello sin contar con que muchas de las enfermeras cuentan incluso con una especialización obtenida después de superar una prueba nacional y dos años de formación como residente”, apunta.

Según la Mesa de la Profesión Enfermera, todo ello quedaría resuelto si en el grupo A se clasificara a todos los titulados universitarios sin subgrupos, estableciendo solo una distinción retributiva entre ellos en función de la dificultad de las pruebas de acceso y el nivel de responsabilidad asumido, tal y como establece el artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público.

Por todo ello, la Mesa de la Profesión Enfermera asegura que, en caso de que el Ministerio de Sanidad decida acometer de manera aislada y parcial solo la revisión de las funciones del colectivo de técnicos sanitarios de formación profesional, no aceptará pasivamente dicha decisión. De igual manera, se pondría en contacto con todos los colectivos profesionales implicados, no solo en el sector sanitario, sino en el conjunto de todas las administraciones públicas del Estado, para valorar la situación y, si fuese necesario, desarrollar las actuaciones que se considerasen oportunas.