GEMA ROMERO.- Apenas dos semanas después de asumir la cartera de Sanidad, Alfonso Alonso realizaba, en una sesión maratoniana, sendas visitas a las sedes de las organizaciones colegiales de enfermeros, médicos, así como a la industria farmacéutica. Arrancaba así lo que había prometido en su toma de posesión el 3 de diciembre, su compromiso de “trabajo, respeto y disposición al diálogo, con toda humildad”.
Sin embargo, con estas reuniones llegaba también la primera gran mentira del ministro de Sanidad, al afirmar que “los pactos son para cumplirlos”, en alusión a los que su predecesora en el cargo, Ana Mato, firmó en julio de 2013 con los profesionales sanitarios en presencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Según sus propias palabras, reflejadas en la nota de prensa oficial del Ministerio de Sanidad, “queremos hacerlo todo de la mano de los profesionales”. Además, defendió “la necesidad de ilusionar e implicar a la profesión enfermera” trabajando para desarrollar el Pacto.
Unos días después, el 22 de enero de 2015, dentro del Fórum Europa, Alonso hacía su primera declaración expresa en relación con la prescripción enfermera. En este foro de debate afirmaba que “la indicación por parte los enfermeros es un mandato de la ley, que está pendiente de un desarrollo reglamentario. Vamos a cumplir la ley y, por tanto, vamos a desarrollar la ley, porque además está en un pacto que firmamos con los enfermeros”, sostenía.
Meses más tarde, con motivo de la constitución del Foro de las Profesiones Sanitarias en marzo de 2015, recordaba “otros compromisos que son muy importantes y en los que estamos avanzando”, entre los que citaba “el decreto que desarrolle la indicación, el uso y la dispensación de medicamentos” por parte de los enfermeros, o el decreto de gestión clínica. “Estamos trabajando ya en esos dos proyectos, creo que son importantes y que eran muy reclamados desde hace mucho tiempo, y espero que podamos tramitar esos decretos de desarrollo paralelamente y que podamos ir a una aprobación simultánea de los mismos en el arranque del otoño, quizás a la vuelta de verano”, explicaba Alonso, pese a que el decreto de prescripción llevaba pactado y cerrado desde hacía dos años, mientras que el de gestión clínica ni siquiera contaba con un articulado.
Cambios a espaldas de la profesión
Tras su aprobación en el Consejo Interterritorial y su paso por el Consejo de Estado, el decreto de prescripción sufrió varias semanas de retraso antes de acudir al Consejo de Ministros. Con cada retraso, la excusa era distinta. Finalmente, y con un incumplimiento flagrante el decreto de prescripción enfermera se modificó, a espaldas de profesión, 48 horas antes de que se aprobase en Consejo de Ministros, el 23 de octubre, y que publicaba en el BOE dos meses después, en la víspera de Nochebuena.
El nuevo texto ya en vigor obliga al enfermero a no tomar ni una sola decisión respecto a los fármacos que precisa receta, obligando a que el paciente pase previamente siempre por el médico, que deberá realizar un diagnóstico, determinar la prescripción y elegir el protocolo a seguir. Este proceso deberá repetirse ante la más mínima variación del estado del paciente, obligando al ciudadano a volver al médico una y otra vez para que realice su seguimiento.
Alfonso Alonso, instalado en una especie de realidad paralela, calificaba el pasado martes esa limitación del trabajo de la enfermería como un éxito, y con cierto grado de condescendencia manifestaba a los periodistas que “además, tienen también la puerta abierta para poder obtener una acreditación y, por tanto, para poder realizar la labor que vienen realizando de una manera perfectamente segura. Su situación hoy es mejor que la que tenían antes y eso es lo que a nosotros nos ha preocupado”, zanjaba el ministro en funciones en una intervención que intentaba en vano mostrar una realidad distorsionada e ideal de la que vive hoy la enfermería gracias a los cambios legislativos que el Ejecutivo introdujo antes de concurrir a las Elecciones Generales.
