ANA MUÑOZ.- Aunque Extremadura y Cantabria son las que avanzan más rápido en el proceso de interponer sendos recursos ante el Tribunal Supremo, otras Comunidades Autónomas estudian acciones similares y piden la convocatoria urgente del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para dar marcha atrás en la aprobación del decreto de prescripción enfermera.

Valencia

La consejera de Sanidad Universal y Salud Pública, Carmen Montón, se ha dirigido por carta al ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, para solicitarle la convocatoria “urgente” del pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con el objetivo de abordar las consecuencias que se derivan de la publicación del Real Decreto de Prescripción Enfermera. Así lo ha explicado la Generalitat Valenciana en un comunicado, en el que se detalla que, a juicio de la titular de Sanidad, el citado Real Decreto contraviene lo establecido en la Ley de Garantías y Uso Racional de Medicamentos y Productos Sanitarios y contraviene los intereses de los usuarios al comprometer su accesibilidad al Servicio Sanitario Público. La consejera entiende que el citado decreto puede poner en peligro la adecuada atención al paciente y aumentar las cargas burocráticas, además de no tener en cuenta la alta cualificación profesional de la enfermería en nuestro país.

Asturias

En la misma línea, la Consejería asturiana de Sanidad ha reclamado la inmediata retirada del decreto al entender que «pone en peligro la seguridad del paciente» y también ha enviado una carta al ministro Alonso  pidiéndole la convocatoria de un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para abordar la modificación del decreto y evitar así las graves repercusiones que su puesta en marcha podría originar. El opinión del titular asturiano de Sanidad, Franscisco del Busto, el decreto de prescripción enfermera «va en contra de los usuarios, compromete su accesibilidad al sistema sanitario público, pone en peligro la seguridad del paciente, genera más burocracia y supone un desprecio a la cualificación de la enfermería española».

Aragón

El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sebastián Celaya, ha mostrado públicamente su «absoluto desacuerdo» con el decreto de prescripción y ha hecho una llamada al «sentido común» acusando al ministro de generar «un problema donde no lo había». A su juicio, la nueva norma provocará que los procesos sean más lentos y limitará la autonomía de los enfermeros en cientos de actuaciones que hasta ahora se llevaba a cabo con normalidad. Por otro lado, Celaya ha hecho hincapié en la nocturnidad con que se publicó en el BOE el Real Decreto, «con un Gobierno en funciones, en vísperas de Navidad», ha dicho.

País Vasco

Fue uno de los primeros territorios en manifestarse en contra del Real Decreto. Ahora, tras su publicación en el BOE, el consejero de Salud, Jon Darpón, ha reiterado en rueda de prensa que la norma genera «más problemas que soluciones» y también estudia plantear el recurso al Tribunal Supremo. Darpón ha censurado que el Gobierno haya publicado el decreto justo después de unas elecciones generales, estando en funciones, y ha anunciado que su departamento ya está estudiando medidas para proporcionar seguridad jurídica a los enfermeros.

Navarra

Con el objetivo de establecer criterios comunes de actuación, el consejero navarro de Salud, Fernando Domínguez, se ha comprometido a contactar con sus homólogos en territorios limítrofes -y, posteriormente, con más comunidades- para consensuar las acciones de cara a modificar la norma. En una reunión mantenida con el sindicato de enfermería SATSE, Domínguez reiteró su «rechazo el decreto» y criticó que el Gobierno Central modificara el documento de manera unilateral y sin tener en cuenta lo acordado en el Consejo Interterritorial de Salud.

Baleares

«Estamos totalmente en contra del contenido de este Real Decreto porque supone un acto de absoluta irresponsabilidad, que va en contra de la realidad sanitaria y no responde a las necesidades de los pacientes», ha asegurado la consejera de Salud del Gobierno Balear, Patricia Gómez, que ya está estudiando la posibilidad de impugnarlo. De hecho, según ha explicado ante los medios el subdirector de Cuidados Asistenciales del IB-Salut, Carlos Villafáfila, la Asesoría Jurídica del departamento de Salud balear ya trabaja en el recurso.