GEMA ROMERO.- “Más esperas, más consultas y más gestiones para los ciudadanos y pacientes, algo que afectará muy directamente al desarrollo normal de la asistencia sanitaria en cada comunidad autónoma”. Eso es lo que deben esperar los presidentes de las diferentes Comunidades Autónomas una vez entre en vigor el Real Decreto de prescripción enfermera, según ha indicado la Mesa de la Profesión Enfermería en la carta que ha remitido a todos los presidentes autonómicos, para advertirles sobre la parálisis y caos asistencial que generará en sus respectivos servicios de salud el Real Decreto de prescripción enfermera aprobado por el Gobierno del PP.
En concreto, explican que “el someter el uso, la indicación y la autorización de dispensación de determinados medicamentos sujetos a prescripción médica, como estaba previsto en la Ley del Medicamento, al previo diagnóstico y prescripción del médico, conllevará indudablemente más esperas, más consultas y más gestiones para los ciudadanos y pacientes, algo que afectará muy directamente al desarrollo normal de la asistencia sanitaria en cada comunidad autónoma. Una medida, en definitiva que, lejos de constituir una garantía dificulta la continuidad asistencial, incrementa la burocracia del sistema, entorpece el trabajo de médicos y enfermeros y deshumaniza la atención sanitaria”, señalan desde la Mesa en un comunicado.
A este respecto recuerdan algunos ejemplos, como cuando las enfermeras administran una vacuna; cuando las matronas atienden un parto de forma autónoma; cuando utilizan cremas (algunas de ellas consideradas medicamentos sujetos a prescripción médica) para curar heridas, quemaduras o ulceras por presión en una visita domiciliaria, o cuando regulan la medicación a los pacientes crónicos en las consultas, por ejemplo, en el caso de los diabéticos.
A espaldas de las CC.AA.
En la misiva, los presidentes del Consejo General de Enfermería, Máximo González Jurado, y del Sindicato de Enfermería, SATSE, Víctor Aznar, recuerdan a los responsables de los ejecutivos autonómicos que el Gobierno del PP ha aprobado un texto normativo que no respeta lo acordado con sus respectivos consejeros de Sanidad, en la reunión del Consejo Interterritorial del SNS del pasado mes de marzo.
En este sentido, apuntan que, “después de seis años de negociación y 90 versiones del texto, el Partido Popular ha tomado una decisión de gran calado para el funcionamiento del SNS a espaldas de todas las partes implicadas, entre ellas, los gobiernos autonómicos, sin importarle ni lo más mínimo la negativa repercusión que tendrá en la atención sanitaria hacia los pacientes y ciudadanos de todas las comunidades autónomas”.
Una situación sobre la que la Mesa de la Profesión Enfermera ya ha informado a los correspondientes consejeros de Sanidad y gerentes de los servicios autonómicos de salud, pidiéndoles que dicten las instrucciones precisas para que los órganos directores de los centros e instituciones sanitarias de su ámbito territorial, respeten la legítima conducta de todos los enfermeros, quienes a partir de ahora no tendrán otro camino que actuar conforme a lo previsto en el Real Decreto para no ser denunciados de intrusismo profesional.
Otras actuaciones
Desde la Mesa de la Profesión Enfermera, integrada por el Sindicato de Enfermería, SATSE, y el Consejo General de Enfermería, se recuerda que, tras la aprobación del Real Decreto en Consejo de Ministros y estando aún pendiente su publicación en el Boletín Oficial del Estado, ya se han realizado distintas acciones para intentar cambiar la norma.
Además de una encuesta remitida a los profesionales, cuyos resultados definitivos se conocerán dentro de unos días, se han mantenido reuniones con representantes del PSOE y Ciudadanos, estando ya cerrada una reunión en próximas fechas con el secretario general socialista, Pedro Sánchez, y Podemos. Asimismo, se ha contactado con los consejeros de Sanidad y directores gerentes de los servicios de salud autonómicos; se ha iniciado la campaña de información a profesionales, con el envío de cartas, y también a ciudadanos, y se están ultimando las acciones jurídicas en contra la decisión del Gobierno.
