REDACCIÓN.- El Pleno del Consejo Andaluz de Enfermería (CAE) ha mostrado su apoyo unánime a las actuaciones que se están llevando a cabo en toda España para frenar la mal llamada “farmacia comunitaria”. Ante las graves y nefastas consecuencias que la toma en consideración por algunas comunidades autónomas de poner en manos de los farmacéuticos las funciones asistenciales a domicilio propias de los profesionales de enfermería y médicos puede acarrear a los pacientes, el CAE ha considerado necesario realizar un profundo análisis sobre la citada cuestión en toda Andalucía. El estudio ha sido llevado a cabo por el prestigioso Grupo Análisis e Investigación y el mismo ha obtenido unos resultados muy concluyentes, con un importante muestreo en cada una de las ocho provincias andaluzas, en la línea de estudios similares realizados en otras Autonomías y a nivel nacional. Con tal motivo, el CAE ha trasladado a la opinión pública que en Andalucía la inmensa mayoría de los encuestados, un 87,2%, cree que el control del tratamiento sólo debe estar en manos de médicos y enfermeros, que son los que conocen de forma integral las enfermedades y sus pacientes, así como son quienes tienen acceso a su historia clínica.

A pesar de que los responsables del Sistema Sanitario de Andalucía se han opuesto frontalmente a la estrategia puesta en marcha desde la Organización Colegial de Farmacéuticos y algunas sociedades afines, debido principalmente a que la consideran una privatización encubierta, el CAE se ve en la obligación de llamar la atención sobre los riesgos para la población y los pacientes de la citada “farmacia comunitaria”. Este movimiento pretende atribuir a las oficinas de farmacia actuaciones puramente asistenciales que corresponden a enfermeras y médicos de Atención Primaria, que son los garantes de la continuidad asistencial y adecuación de los tratamientos. Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo Andaluz de Enfermería, ha resaltado que “debemos tener claro que estamos ante un asalto a las funciones y cometidos de la Enfermería y, en caso de que la “farmacia comunitaria” llegase a materializarse, se hipotecarían estas funciones y se comprometería el desarrollo profesional, derivando en la pérdida de muchos puestos de trabajo de enfermería, además de conducir a una privatización sin precedentes de nuestro Sistema Nacional de Salud. En el supuesto de la implantación de este modelo de farmacia y dado el aumento de la cronicidad de los pacientes por el incremento de su esperanza de vida, la atención domiciliaria de los mismos quedaría en manos de farmacéuticos de manera cuasi exclusiva, mientras que la enfermera familiar y comunitaria tendería a desaparecer”.

Ante esta situación, la totalidad de los presidentes de los colegios de enfermería andaluces muestran su absoluta preocupación con el creciente intrusismo profesional que conlleva el que los farmacéuticos pretendan realizar funciones asistenciales. Al objeto de reconducir esta situación, Florentino Pérez Raya, que mantiene un diálogo abierto con el Consejo General de Farmacéuticos con el fin de procurar una solución consensuada a este conflicto, destaca que trabajará siempre “priorizando y garantizando los derechos de los pacientes y también los de los enfermeros”.

Además, aclara que estas actuaciones no van en contra de los farmacéuticos, sino contra la mal llamada “farmacia comunitaria”. “Los farmacéuticos son una profesión hermana y realizan una labor fundamental en la dispensación de medicamentos en las oficinas de farmacia facilitando desde allí a los pacientes información y educación en el uso correcto de fármacos y en la prevención de efectos adversos farmacológicos”. Sin embargo, el presidente de los enfermeros subraya que los farmacéuticos “ya disponen de un espacio comercial -que sólo pueden abrir ellos- en el que además de vender medicamentos pretenden constituirse en centro de atención primaria de salud, por ejemplo”. “El paciente reconoce y sabe que la atención sanitaria comienza en el Centro de Salud u Hospital con el médico y la enfermera, nunca en la Oficina de Farmacia”, ha añadido Pérez Raya.

Estudio de opinión 

Debido a ello, el Consejo Andaluz de Enfermería quiere dar a conocer los resultados del estudio elaborado por esta empresa de referencia a nivel nacional e internacional, que ha analizado la percepción que tiene la sociedad andaluza respecto a las pretensiones asistenciales que vienen reclamando las oficinas de farmacia. El objetivo de este CAE es activar con ello una campaña divulgativa en Andalucía con los actores sociales, políticos y sanitarios para concienciar sobre la labor asistencial de los profesionales sanitarios enfermeros, un desempeño que no pueden llevar a cabo las oficinas de farmacia. Los resultados de este informe a nivel andaluz son concluyentes y revelan que los pacientes quieren que sean médicos y enfermeros quienes les atiendan en sus casas.
El 87,2% de los encuestados (personas mayores de 55 años en tratamiento por enfermedad crónica, usuarios de la sanidad pública y cuidadores de enfermos crónicos) considera que el control del tratamiento al paciente debe realizarlo el médico o el enfermero, y sólo un 12,8% le parecería bien que dicho control lo realizase el farmacéutico.

El estudio también sondea a los pacientes respecto a la posibilidad de que las visitas a las casas de los mayores y enfermos crónicos para comprobar su botiquín y la correcta adherencia al tratamiento. En este sentido, los encuestados se muestran tajantes: sólo el 1,7% vería con buenos ojos que esas visitas las realizase el personal de las farmacias frente a un 82,1% que considera que éstas deberían realizarlas médicos y enfermeros. Un 16,2% estima que esas visitas no son necesarias, salvo en casos de extrema necesidad.

La implantación de la mal llamada “farmacia comunitaria” supondría además un coste añadido para las arcas de la sanidad pública y, en definitiva, para los bolsillos de los ciudadanos, además de un despilfarro debido a la infrautilización de los profesionales sanitarios. En este sentido, un 88% de los andaluces (8,64 de media) cree que se deberían contratar más enfermeras/os para atender mejor a los enfermos, en lugar de que la sanidad pública pague el servicio a las farmacias.