ÁNGEL M. GREGORIS.- El movimiento Enfermeiras Eventuais en Loita denuncia que, a pesar de la situación en la que se encuentra el país, el Servicio Gallego de Salud (Sergas) continúa ofreciendo contratos precarios, diurnos, que se renuevan cada 15 o 30 días, “a pesar de que existe una necesidad a largo plazo”. “En los últimos meses nos hemos centrado en los pacientes y su atención, dejando de lado nuestra reclamación, pero no podemos permanecer en silencio viendo los continuos abusos que se siguen llevando a cabo desde la Administración”, afirman las enfermeras eventuales gallegas.

Asimismo, critican que llevan semanas colaborando con el Sergas para cuidar a la población renunciando a sus derechos, intensificando su trabajo, organizándose entre compañeros para elaborar protocolos; asumiendo una carga psicológica y física para salir de esta situación lo antes posible sin pedir nada a cambio.

Sin embargo, según ellos, se siguen cometiendo los mismos atropellos porque “este tipo de contratación permite a la administración romper la relación con el trabajador tan pronto como el plazo expire, perdiendo así todos los derechos”.

“Además de eso, en estos últimos días estamos viviendo en primera persona ya que el Departamento de Recursos Humanos del Servicio de Salud de Galicia no tiene reparos en dejarnos sin contrato cuando presentamos una discapacidad temporal después de dar positivo en la prueba COVID-19. Según esto, para un trabajador de la salud o un trabajador no sanitario dependiente de SERGAS, estar infectado por COVID-19 no solo es perjudicial para su salud sino también una penalización, ya que esta ruptura en la relación laboral resulta en una pérdida de su contrato, y, por lo tanto, la terminación del empleo en toda su consideración, además del cálculo de los servicios prestados con el propósito de ampliar en las listas de reclutamiento y contribución”, aseguran.

Desde el movimiento son conscientes que la Administración ha corregido algunos de sus «errores», como ellos mismos lo llaman, pero no lo consideran suficiente, “porque estamos cansados y no queremos más parches”.

En este sentido, exigen responsabilidades políticas, así como un cambio inmediato de actitud por parte de la Administración, que tiene como eje fundamental el respeto de nuestros derechos laborales para poner fin a esta precariedad y malos tratos del trabajo al que hemos sido sometidos. del gobierno de la Xunta de Galicia en los últimos años.