REDACCIÓN.- La mayoría de las enfermeras y enfermeros colegiados de Madrid se han mostrado a favor de participar en el proceso deliberativo de la eutanasia entre paciente, familia y equipo sanitario; y dejan claro que esa participación enfermera debe quedar incluida durante todo el proceso de diálogo y no meramente como actos puntuales o instrumentales. Esta es una de las conclusiones del informe que la Comisión Deontológica del CODEM ha elaborado y publicado recientemente con motivo de la tramitación de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia y que incluye además una encuesta realizada al respecto entre las colegiadas y colegiados.
El Colegio, atendiendo a las demandas y a la sensibilidad de las enfermeras madrileñas, encargó a su Comisión Deontológica la realización de un estudio que recogiera las distintas perspectivas enfermeras sobre un tema tan delicado como la eutanasia desde el punto de vista ético, social, deontológico, legal y por supuesto clínico.
Los resultados evidencian que existe un posicionamiento mayoritario por parte de las enfermeras madrileñas encuestadas a favor de la regulación tanto de la eutanasia como del suicidio médicamente asistido (SMA) y que las enfermeras, hasta ahora olvidadas en el debate relativo a la eutanasia, deben participar de forma activa (y están preparadas para ello) en las discusiones y en el desarrollo de políticas que impliquen los cuidados durante el proceso de muerte, incluyendo la defensa de un abordaje paliativo integral y la planificación compartida de la atención como eje central de la asistencia sanitaria.
Resulta cuando menos llamativo que en la propuesta de Ley, la enfermera es citada en solo una ocasión a lo largo de todo su desarrollo (artículo 8), sin apuntar papel/funciones, solamente a título informativo cuando la decisión ya ha sido tomada entre el médico responsable y el paciente, sin tener en cuenta las implicaciones que tendrá en la práctica clínica, siendo necesaria la incorporación de la enfermera en el proceso de toma de decisiones desde el inicio del mismo, y no al final de una decisión exclusivamente tomada entre médico-paciente.
Asimismo, el informe revela que otro de los aspectos que requiere de forma urgente una modificación de la propuesta legislativa es definir claramente el rol de los profesionales sanitarios (médicos y enfermeras) con respecto a la participación en cada una de las prácticas (eutanasia y SMA), por sus grandes implicaciones en la práctica clínica.
En definitiva, y así lo ponen de manifiesto las colegiadas y colegiados que han participado en la encuesta, la enfermera debe participar en la evaluación de la competencia y capacidad del paciente que ha solicitado ayuda para morir, explorando de forma objetiva dicha solicitud, siendo conscientes de sus propios valores personales sin que ello afecte a la relación clínica y pudiendo ejercer su derecho de objeción de conciencia ante dicha práctica. No obstante, no podrá nunca abandonar al paciente ni negarle medidas de confort y seguridad.
Por todo ello es importante destacar y tener en cuenta la posición privilegiada de las enfermeras, en contacto continuo con el paciente y la familia, y desde donde deberá velar por un correcto proceso de reflexión y deliberación y ejercer como garante de los cuidados, realizando un abordaje holístico, integral bio-psico-social y espiritual en las decisiones al final de la vida.
