GEMA ROMERO.- El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCAM) ha publicado la resolución por lo que se permite a las oficinas de farmacia la realización de pruebas rápidas de antígeno para el diagnóstico de la infección SARS-CoV-2. Una orden que ya está en vigor, aunque la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, posteriormente ha anunciado que estos test, que serán sólo para cribados poblacionales, se iniciarán en la semana del 1 de febrero.
En apenas dos párrafos la consejería de Sanidad madrileña ha dado carpetazo a la polémica surgida en los últimos meses con la total oposición de la profesión enfermera y sin precisar las condiciones que deberán cumplir las farmacias para poder realizar los test o lo que cobrarán por ello y quién se hará cargo del coste. En la orden sólo se indica que se hará «en función de los criterios establecidos por la autoridad sanitaria a efectos de cribado poblacional selectivo».
Para ello, y «a efectos de instrumentar la colaboración entre las oficinas de farmacia y la Administración Sanitaria podrán suscribirse los convenios de colaboración que se consideren necesarios».
Rechazo del CODEM
Ante esta autorización, el Colegio de Enfermería de Madrid ha vuelto a reiterar en un comunicado su total rechazo a esta autorización. Para las enfermeras madrileñas «en ningún caso, las funciones de colaboración de las oficinas de farmacia pueden suponer una atribución de competencias en favor de los farmacéuticos para la realización directa de los test rápidos de antígenos al margen de su titulación y competencia específica. Esto supone una vulneración del artículo 6.2 de la Ley 44/2003, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias».
Por tanto, el CODEM rechaza «la interpretación que hace el gobierno de la Comunidad de Madrid, de la orden aprobada en el sentido de atribuir a los farmacéuticos competencias al margen de las actuaciones para las que le facultan su titulación y competencia específica».
Un Comentario
juan
Los servicios jurídicos de la profesión enfermera tal vez deberían valorar si procede ir a los tribunales o aceptar que la comunidad de Madrid normalice el intrusismo y la piratería de otra profesión