REDACCIÓN.- “A lo largo de 2021, las entidades que forman parte de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) han atendido a más de 1.400.000 pacientes y familiares de las distintas organizaciones integradas en la plataforma”. Estos datos se han puesto de manifiesto en la presentación de la tercera edición del estudio ‘Impacto y retos de las organizaciones de pacientes en España’, que tiene como objetivo conocer en profundidad la situación actual del tejido asociativo a nivel nacional y reforzar el valor social y económico de las organizaciones de pacientes en nuestro país.
“Para nosotros es muy importante analizar y dar a conocer todo el trabajo que realizan en el día a día, con el fin de seguir mejorando y dando servicios a los pacientes y familiares con acciones de sensibilización social, de información o formación sobre la patología, entre otras”, señala Carina Escobar, presidenta de la POP.
A través de este nuevo estudio, la POP persigue actualizar los datos de ediciones anteriores y cubrir otras áreas de interés, como la huella que ha dejado el COVID-19 en estas organizaciones. En este sentido, destaca una cifra, y es que durante la pandemia, el 44% de las organizaciones ha ampliado sus servicios de atención psicológica. En cuanto al impacto social de las organizaciones en los pacientes resaltan la mejora de la calidad de vida de las personas con necesidades crónicas de salud es la principal repercusión (91%), seguido de su empoderamiento (86%) y la contribución en promover el tratamiento integral de la cronicidad (77%).
Retos para 2022
Del estudio también se desprenden cuáles son los principales retos colectivos del sector. En primer lugar, estaría fomentar las relaciones con otros agentes del ámbito de la salud (83%); seguido de participar como interlocutor en la definición de políticas públicas (74%), y aumentar la participación de los pacientes en la investigación (60%).
Si hablamos de retos a título individual, los desafíos más importantes a los que se enfrentan las organizaciones de pacientes son aumentar la base social (81%), la profesionalización (62%) y la sostenibilidad económica (61%). Además, otras prioridades son la mejora de los tiempos y acceso al diagnóstico y a la atención coordinada social y sanitaria (54%).