EUROPA PRESS.- El Congreso ha dado luz verde a continuar la tramitación de la Ley General de Salud Mental, una iniciativa que pretende garantizar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas y regular el acceso a una atención sanitaria y social de calidad, así como establecer las correspondientes actuaciones de los poderes públicos con el fin de lograr la plena participación e inclusión sin estigmatizaciones, ni discriminaciones.
La proposición de ley, impulsada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, plantea garantizar el derecho a la protección de la salud mental por Ley, lo que va más allá del desarrollo de una Estrategia Nacional de Salud, que es lo que se plantea desde el Ministerio de Sanidad, y en el que se lleva años trabajando desde distintos Gobiernos.
Así, al finalizar el pleno ha sido aprobada para su toma en consideración con 96 votos a favor, apoyada por el PSOE, Más País, EH Bildu, PRC y Cs; 35 abstenciones, entre ellas las de PP y PDeCAT, y ningún voto en contra.
Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, quien defendió la iniciativa ha recordado que la magnitud del problema es «terrible» y, por este motivo, se trata de un «problema de Estado» que debe ser solucionado ante la falta de recursos, «un enorme déficit asistencial», y los «fríos datos» que no paran de crecer, por culpa de unos «poderes públicos que no han estado a la altura».
«Por eso, presentamos esta Ley. Porque ya es hora de que los poderes públicos nos tomemos este tema en serio. Ya es hora de que pasemos de los debates a los hechos. Y la prueba más sangrante de que esto todavía no ha pasado en España es el enorme déficit de recursos humanos que sufre el sistema público de salud mental», señaló en su discurso.
Por ello, la presente ley establece nuevas garantías de tiempo y ratios de profesionales en aras de facilitar y extender el acceso a la atención pública a la salud mental en el Sistema Nacional de Salud (SNS). A tal fin, el Consejo Interterritorial acordará, previo informe de la Comisión de Recursos Humanos, el establecimiento de ratios mínimas.
Así, deberá garantizar que el SNS cuente con un mínimo de 18 psiquiatras, 18 psicólogas y psicólogos clínicos y 23 enfermeros y enfermeras especialistas de salud mental por cada 100.000 habitantes. Estos ratios, destacó Echenique, deberán alcanzarse progresivamente en el plazo de cuatro años desde la entrada en vigor de la presente ley.
Rosa Romero Sánchez, desde el Grupo Popular, lamentó que la salud española haya caído en picado con la pandemia, pero se pregunta si realmente es necesario poner en marcha una ley específica. «La salud mental lo que necesita es apoyo presupuestario real. No es un problema de legislación sino de financiación», advirtió. No obstante, añadió, «no vamos a ser un impedimento, aunque no estamos de acuerdo en la forma estamos de acuerdo en el fondo».
En el PSOE, a favor de esta Ley para conseguir un «debate amplio», la diputada Carmen Andrés recordó el apoyo del Gobierno a cualquier iniciativa que trabaje contra el estigma de la salud mental y favorecer su atención.
Ciudadanos, que también ha apoyado la Ley, pidió seriedad con este tema porque es «vital» cómo se trata. El diputado Guillermo Díaz pidió dimensionar el problema, «trabajar más en las estadísticas de las enfermedades mentales», asimismo defendió la lucha contra el estigma y contra el suicidio. «No hay que taparlo, hay que contarlo», señaló.
Desde VOX, el diputado Juan Luis Steegmann se mostró contrario al texto, porque entiende que trata de evitar el tratamiento farmacológico desde la perspectiva psiquiátrica; y, a su juicio, apoya la implantación de «nuevos chiringuitos» al apoyar el desarrollo de nuevos centros de atención.
«Vamos a votar a favor», afirmó la diputada Ines Sabanés Nadal, miembro de Equo, que mantuvo que «ya llegamos tarde» en su desarrollo; por el contrario, desde el Grupo Parlamentario Plural, Néstor Rego, mostró su apoyo al contenido de la Ley desde la perspectiva de necesidad de solucionar la problemática, sin embargo teme que sea un giro para centralizar sin dotar de presupuesto y, por tanto, pidió respetar las competencias de las CCAA.
Desde el PDeCAT, contrario a esta iniciativa legislativa, ha manifestado su abstención. Según explicó la diputada Concep Cañadell Salvia, «hay una clara infracción competencial en los ratios profesionales», así como desconfía de la financiación. Mientras, desde el grupo parlamentario republicano Francesc Xavier Eritja Ciuró, «no todo el mundo tiene acceso» u «oportunidad» de una asistencial de salud mental, y entiende que eso sólo se puede evitar desde una sanidad pública, equitativa y universal. Por este motivo, apoya la iniciativa de Unidas Podemos.
El diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, echó por tierra su desarrollo ante la dificultad competencial en su implantación en las CCAA; mientras que José María Mazón, del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), valoró positivamente siempre que haya una Estrategia común que la desarrolle de manera homogénea entre las CC.AA.; mientras, otro de los integrantes del Grupo mixto, el diputado de la CUP Albert Botrán consideró que la salud mental necesita más derechos.
De GEH Bildu, Iñaki Ruiz de Pinedo defendió apoyar la propuesta porque es fundamental para «crear un debate en esta sociedad, para saber por dónde hay que responder a los problemas mentales», ya que el aumento de casos «no es una casualidad» y «el sistema de salud mental está teniendo muchas carencias». En contra del desarrollo de la Ley, Josune Gorospe, diputada parlamentaria EAJ PNV, criticó que se impulse la misma desde el socio del Gobierno, asimismo no considera tan importante su desarrollo como el debate o el problema de salud mental, por eso pide un Plan Integral y no una Ley que, entiende, puede «contribuir a estigmatizar» más el problema.
Proteger la salud mental por ley
Además de los ratios, imprescindible dentro del desarrollo de esta Ley, Echenique señaló la importancia dentro de la misma de combatir los efectos de la estigmatización, la discriminación y otras violaciones de derechos humanos relacionados con la salud; esta ley deberá crear los mecanismos pertinentes para su detección, denuncia y reparación.
La Ley será promovida por el Sistema Nacional de Salud; ninguna persona podrá ser discriminada en el acceso a las prestaciones y servicios previstos; todas las personas tienen derecho a adoptar libremente decisiones que afectan a su salud mental; y los poderes públicos, de conformidad con sus respectivas competencias, llevarán a cabo las prestaciones y demás obligaciones que establece la presente ley en garantía de la salud mental de la población.
