ANA MUÑOZ.- El nuevo año viene acompañado de una importante novedad para los empleados públicos de Castilla-La Mancha, y que el uno de enero entrará en vigor la ley que reducirá su jornada laboral de 37,5 a 35 horas semanales y que les dará la posibilidad de prolongar su vida laboral más allá de los 65 años. La norma fue aprobada a principios de diciembre con el voto a favor de PSOE y Podemos y la abstención del Partido Popular, que presentó varias enmiendas al entender que se trataba de una ley sin garantías y sin un presupuesto definido.
De esta manera, Castilla-La Mancha se convierte en la primera comunidad que atiende a la reivindicación común de los sindicatos de la Mesa de la Función Pública y vuelve oficialmente a la antigua jornada, anterior a la decretada por el Gobierno central en 2012 para, según el ejecutivo, controlar el gasto público durante los años de recesión económica.
Desde la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha aseguran que la reducción de jornada permitirá generar sólo en el ámbito sanitario más de 400 empleos y mejorar la calidad de los servicios públicos regionales.
