GEMA ROMERO.- El pasado 2 de abril agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la Policía Nacional de Málaga intervinieron en la Unidad de Salud Mental del Hospital Universitario Virgen de la Victoria, a petición del propio centro. Una actuación que la Asociación Española de Enfermería de Salud Mental(AEESME) ha criticado duramente en una misiva dirigida al consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, por considerar que se trata de una “actuación violenta, negligente y de abuso hacia una persona en esos momentos hospitalizada en dicho servicio”.
Según los datos de la asociación, el paciente en cuestión se encontraba en aislamiento preventivo en la unidad de Salud Mental a la espera de obtener resultado de la prueba de diagnóstico del Covid-19, “cursa con un cuadro de agitación psicomotriz” al que intentan dar respuesta sin éxito. “Tras la ineficacia de las medidas preventivas de intervención psicosocial tomadas, incluyéndose la técnica de desescalada por parte del equipo de Enfermería, se procedió a activar el siguiente nivel de actuación, avisando al psiquiatra de guardia así como al personal de seguridad del centro”.
Ante la falta de respuesta positiva, el centro sanitario solicitó la intervención de las fuerzas de orden público. Tal y como se destaca en la carta de AEESME, “agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la Comisaría Provincial de Málaga se personaron en la unidad, ataviados con trajes y equipos de protección individual especiales, además de con material policial de defensa, en nuestra opinión, extralimitado, portando incluso armas policiales antidisturbios (fusiles de bala de goma)”.
Para Francisco Mejías, presidente de AEESME, las imágenes que han publicado diversos medios de comunicación en Málaga, demuestran que se trata de una “actuación agresiva, inhóspita y desproporcionada, que atenta directamente a los derechos fundamentales como la libertad del individuo, el respeto a la dignidad, intimidad y autonomía personal así como a su propio estado de salud”.
Así, señala que “es intolerable el uso de la fuerza desproporcionada, en cuanto al número de personas que intervienen en la reducción, a las armas y materiales empleados, además de la forma deshumanizada de proceder. No podemos consentir, bajo ningún concepto, este tipo de actos de violencia y coerción hacia las personas con trastorno mental y sus familias”. Por ello, solicitan al consejero de Salud de Andalucía que “emprenda las acciones que consideren oportunas con el fin de depurar responsabilidades” por estos hechos.
Además, recuerdan que diversas organizaciones, tanto nacionales como internacionales, Organización Mundial de Salud, las Naciones Unidas o el propio Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), ya han dado “la voz de alarma ante lo que se supone una amenaza y posible vulneración de los derechos de las personas con problemas de salud mental y sus familias por el aumento en las desigualdades que comenzaban a evidenciarse en esta pandemia”.
