REDACCIÓN/EUROPA PRESS.- Los Parlamentos de Extremadura y Baleares han aprobado sendas proposiciones no de ley instando al Gobierno central a que modifique el Real Decreto de Prescripción Enfermera. Después de que los gobiernos de ambas regiones ya hayan anunciado el recurso ante el Tribunal Supremo, el resto de grupos políticos, excepto el Partido Popular, han añadido su granito de arena pidiendo al Gobierno en funciones que no espere a la resolución del Tribunal y derogue o modifique el Real Decreto.

En Extremadura, la Asamblea ha dado luz verde a la propuesta de pronunciamiento del Grupo Socialista-SIEX para que el Gobierno central modifique la redacción del artículo 3.2 del Real Decreto 954/2015 por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros. Es precisamente ese artículo el que fue modificado a última hora y de manera unilateral por el Gobierno, saltándose así lo pactado previamente en el Consejo Interterritorial de Sanidad.

“Con gran preocupación, le pedimos en su día a la Junta de Extremadura que recurriera y nos han escuchado. Agradecemos su apoyo y lo interpretamos como una apuesta del ejecutivo regional por la correcta coordinación que desde hace años preside la relación laboral entre los profesionales de la Sanidad en Extremadura”, ha argumentado Raquel Rodríguez Llanos, presidenta del Colegio de Enfermería de Cáceres.

La iniciativa ha salido adelante gracias a los votos a favor del propio Grupo Parlamentario Socialista-SIEX y de la diputada de Ciudadanos y pese a la abstención de Podemos y de los votos en contra del Partido Popular.

En palabras de Carlos Labrador, secretario general del Grupo Socialista “la entrada en vigor de esa norma está teniendo consecuencias directas en la asistencia sanitaria y su actividad normal, ya que condiciona el ejercicio de enfermeros y se empeora la atención sanitaria al paciente”. A su juicio, “con este decreto se desencadena un problema asistencial, donde no lo había, que impedirá el buen funcionamiento de los centros sanitarios”. El secretario general considera que “solo se consigue crear una mayor burocracia en la atención inmediata a pacientes”, informa en su web el Grupo Parlamentario Socialista.

Por otro lado, el pasado miércoles día 10 la Comisión de Salud del Parlamento Balear aprobó, también con la abstención del PP, una Proposición No del Ley del PI con la que la Cámara insta al Gobierno central a derogar el Real Decreto de prescripción enfermera. Además, con la PNL se insta al Govern a adoptar las medidas que sean necesarias para facilitar que los enfermeros puedan ver regulada la prescripción de fármacos sujetos a prescripción médica, como la impugnación del decreto ante la Justicia.

De hecho, tal y como aprobó el Consejo de Gobierno el pasado mes, la Abogacía de Baleares ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 954/2015 de prescripción enfermera, y ha pedido como medida cautelarísima que se suspenda su aplicación hasta que se resuelva definitivamente.

Según ha recordado la Consejería de Salud en un comunicado, el Consejo de Gobierno acordó autorizar a la Dirección de la Abogacía de la Comunidad a interponer ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la indicación, el uso y la autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros.

La Consejería de Salud defiende la capacitación de los enfermeros y argumenta que la nueva normativa les impide llevar a cabo de manera autónoma centenares de actuaciones que hasta ahora hacían con normalidad y con formación y eficiencia probadas.