REDACCIÓN / EUROPA PRESS.- El consejo de gobierno vasco ha autorizado este martes la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el decreto que regula el uso, autorización e indicación de medicamentos por parte los profesionales de enfermería, al entender que la norma “contradice la práctica habitual, la coordinación entre profesionales de la medicina y enfermería, y plantea problemas de seguridad jurídica” para ejercer la enfermería en País Vasco.
Además, el Gobierno vasco recuerda al Ejecutivo central que País Vasco tiene competencias propias en el ámbito sanitario, y que “ha modificado un texto legal pactado sin haberlo negociado con instituciones competentes, ni profesionales del sector”. En concreto, el Gobierno denuncia que el artículo 3.2 de esta norma, impone un nuevo control médico de diagnóstico, previo y obligatorio, para que los profesionales de la enfermería puedan prescribir medicamentos.
“Es una tutela que contradice la actual práctica pactada y coordinada entre profesionales de la medicina y la enfermería y que ha permitido hasta la fecha que las enfermeras y enfermeros pudieran prescribir ciertos medicamentos, por ejemplo, durante las campañas de vacunación de la gripe”, ha defendido el consejero de gobierno.
Asimismo, ha criticado que, con este Real Decreto, el gobierno central “somete a los profesionales de la enfermería a un control y tutela que cercena su autonomía y sus competencias, contradice la práctica habitual y la coordinación entre profesionales de la medicina y enfermería, y que plantea problemas de seguridad jurídica para la práctica de la profesión”.
También ha afirmado que esta norma “afecta a las competencias que Euskadi tiene en el ámbito sanitario” y cree que “las deficiencias de carácter formal en las que ha incurrido el Gobierno español en la aprobación de este Real Decreto, podrían suponer incluso su nulidad porque se ha aprobado rompiendo un pacto y sin negociación con el resto de instituciones con competencias en materia sanitaria ni las personas profesionales afectadas por la medida”. “Ni siquiera ha sido sometida a consideración y dictamen del Consejo de Estado”, ha insistido. Por todo ello, el Gobierno vasco ha anunciado que recurrirá la norma y solicitará su suspensión cautelar “porque su aplicación puede acarrear daños de difícil o imposible reparación en Osakidetza”.
De este modo, el gobierno vasco cumple lo comunicado por el consejero de sanidad vasco, Jon Darpón, en la reunión con representantes de enfermería la semana pasada, donde confirmaba que su departamento interpondría en breve un recurso ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto de prescripción enfermera. También con ello se une a Comunidades Autónomas como Extremadura o Canarias que también han manifestado su intención de recurrir el Real Decreto aprobado por el gobierno del Partido Popular el pasado octubre y que tiene en vilo a toda la profesión enfermera desde que fuese publicado en diciembre.
Canarias anunció el lunes el recurso
Por su parte, el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Jesús Morera, ya anunció el pasado lunes que el Ejecutivo regional presentará un recurso ante el Tribunal Supremo (TS) para solicitar la suspensión cautelar del Real Decreto (RD) de prescripción enfermera por “vulnerar varios principios básicos”, así como porque está “generando bastantes problemas”.
Morera recordó que el Gobierno canario ha decidido emprender acciones judiciales contra al RD 954/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros. También se ha acordado solicitar la medida cautelar de suspensión.
Al respecto, el consejero señaló que se trata de una norma de “imposible” cumplimiento y que vulnera el derecho a la protección de la salud de la ciudadanía, además de que jurídicamente, afirmó, vulnera las competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Además, explicó que los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias consideran que el RD adolece de vicios materiales y procedimentales que justifican su impugnación ante el TS, al tiempo que considera que se produce una infracción de jerarquía normativa porque constriñe y limita la configuración que el artículo 79,1 del Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Garantías y Uso Racional de los medicamentos y productos sanitarios, lleva a cabo sobre la indicación, uso y autorización de dispensación de los medicamentos de uso humano sujetos a prescripción médica.
La Consejería canaria de Sanidad se ha posicionado, desde el primer momento, “radicalmente en contra” de la regulación que establece esta normativa, entre otras cuestiones, por emplear el verbo “usar” de tal forma que “vacía de contenido” a los enfermeros.
En relación a cómo se está aplicando actualmente este RD en los centros sanitarios y hospitalarios de Canarias, Morera afirmó que de momento está siendo “buena” la acogida por el sentido común en la relación enfermero-paciente, si bien matizó que podrían surgir problemas como el que un enfermero se niegue dar un paracetamol a un paciente por “no estar acreditado”.
Finalmente, señaló que se ha solicitado al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad la convocatoria urgente del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para abordar este asunto, pero al no obtener respuesta, avanzó que la próxima semana consejeros de sanidad de varias comunidades tienen previsto mantener un encuentro informal en Madrid para tratar este tema.
