GEMA ROMERO.- Cada año más de 20 millones de trabajadores europeos están expuestos a medicación peligrosa y más de 100.000 personas mueren al año por algún contacto con sustancias cancerígenas. La exposición a medicamentos peligrosos, tanto en el puesto de trabajo como el uso en pacientes y los consiguientes riesgos para la salud del personal que trabaja en el ámbito sanitario y los pacientes, se conocen y están documentos desde hace más de cuatro décadas. Sin embargo, en nuestro país no existe una normativa específica que regule de forma clara y precisa cuáles son las medidas necesarias para que esos medicamentos sean manejados de forma segura.
Por este motivo, el Consejo General de Enfermería, junto a otras organizaciones sindicales -Satse, UGT y CCOO-, así como sociedades y asociaciones profesionales, científicas y de pacientes, han registrado hoy, en el Congreso de los Diputados, un manifiesto en el que “pedimos una normativa que regule de forma clara y precisa cuáles son las medidas necesarias para que esos medicamentos sean manejados de forma segura”. Así lo explicaba José Luis Cobos, representante del Consejo General de Enfermería. “Hemos venido al Congreso a poner de manifiesto el peligro y el riesgo que corren, no sólo los trabajadores, las personas que están en contacto en su entorno laboral, sino también los propios pacientes para que se establezcan normas que vayan en beneficio y la seguridad de estas personas”, ha señalado.
Los enfermeros, los más expuestos
En el propio manifiesto se recoge que “el personal sanitario con un mayor riesgo de exposición a medicación peligrosa es el personal de enfermería, encargado de la preparación y administración de la medicación en los departamentos de farmacia y en unidades de hospitalización, hospitales de día, centros socios-sanitarios, centros de salud y en los propios domicilios de los pacientes, entre otros”. Pero también tienen un alto riesgo de exposición tanto los pacientes como sus familiares, así como el personal de recogida, transporte, limpieza y destrucción de residuos ya que se encuentra entre el personal expuesto.
Dado que no existen normas de obligado cumplimiento para proteger a todos los implicados, sino meras recomendaciones, los firmantes de este manifiesto solicitan, por un lado al Ministerio de Trabajo, “el desarrollo de una norma que regule la protección de los trabajadores y trabajadoras del ámbito sanitario frente a la exposición a medicación peligrosa en centros públicos y privados”. Por otro lado, solicitan al Ministerio de Sanidad un “estudio sobre la situación actual de los centros sanitarios y socio-sanitarios españoles en materia de protección a los trabajadores y trabajadoras del ámbito de la salud y pacientes a la exposición a medicación peligrosa”, así como “El desarrollo de una guía nacional en materia de protección a trabajadores y pacientes que complemente la norma que se convierta en protocolo de obligado cumplimiento”.
Amplio respaldo parlamentario
El resgistro de este manifiesto en el Congreso de los Diputados ha contado con un amplío respaldo político. Representantes de casi todo el arco parlamentario han acompañado a las asociaciones firmantes. “El manifiesto ha estado apoyado, en la presentación que hacemos hoy en el Congreso de los Diputados, por todos los grupos parlamentarios. La verdad es que hemos tenido una buena receptividad porque como ellos nos han dicho, creen que es algo muy necesario tanto para los trabajadores como para los propios pacientes”, ha explicado José Luis Cobos.
Situación en España
La Unión Europea recomienda para la manipulación de estos fármacos la puesta a disposición de todos los profesionales del equipo de protección individual (EPI) y la transferencia de fármacos en un sistema cerrado, además de formación e información suficiente a los sanitarios. Sin embargo, según el informe del Observatorio de Bioseguridad, impulsado por la Mesa de la profesión enfermera, que integran el Consejo General de Enfermería y el sindicato Satse, sólo en el 47,2% de los centros sanitarios existe un protocolo que obligue a la utilización de un sistema cerrado de preparación y administración de medicación peligrosa. Además, en más de la mitad de los centros no se ha realizado una evaluación de los riesgos laborales que asumen las enfermeras y enfermeros que manejan productos citostáticos. Riesgos que incluyen que los profesionales puedan desarrollar algún tipo de cáncer, o sufrir malformaciones o abortos en caso de embarazo.
En los centros donde sí existe ese protocolo, resulta especialmente llamativo el desconocimiento respecto al sistema utilizado, ya que el 53,9% no sabe qué tipo de sistema se utiliza para la administración de medicación peligrosa.
