Especial 20-D
La sanidad es la sexta preocupación de los españoles según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas. Aun así, en plena campaña electoral se habla poco de las propuestas sanitarias de los diferentes partidos políticos.
La economía, el paro, la situación de España, o la igualdad de género tienen mayor presencia en los debates y mítines electorales. Sin embargo, el próximo 20 de diciembre la sanidad también se juega mucho, y pese a ser un ámbito transferido a las comunidades autónomas, no por ello el Estado central deja de tener un gran peso en la asistencia sanitaria.
En un intento de paliar la escasa información sobre lo que proponen los diferentes partidos en materia sanitaria, en DIARIO ENFERMERO, incluimos las principales propuestas de los siete partidos que actualmente tienen grupo parlamentario en el Congreso, teniendo en cuenta que CiU se ha dividido en Democràcia i Llibertat y en Unio.cat, y que Izquierda Unida se presenta en una coalición de partidos bajo el nombre de Unidad Popular.
A estos siete partidos hemos añadido las dos fuerzas consideradas “significativas” por la Junta Electoral Central como son Ciudadanos y Podemos.
Izquierda Unida se presenta en la coalición de Unidad Popular
GEMA ROMERO.- Para Unidad Popular, la coalición de partidos en las que se ha integrado Izquierda Unida, el modelo sanitario debe basarse en la “cobertura universal de todos los ciudadanos con cargo a fondos públicos y no vinculada al aseguramiento”, de tal forma que pretenden reformar todas las leyes necesarias para “garantizar que ningún español ni ningún extranjero residente en España queda excluido”, sin aclarar si la residencia ha de estar legalmente reconocida o no. Asimismo, en su programa electoral reclaman la extinción de todas las mutualidades de funcionarios, militares y jueces y las mutuas de accidentes de trabajo.
Pretenden “prohibir expresamente la privatización de cualquier infraestructura sanitaria pública”, así como devolver a manos públicas lo privatizado en las diferentes comunidades autónomas. Además, y aunque afirman defender una “gestión participativa de la sanidad”, se oponen a las unidades de gestión clínica.
Potenciar la atención primaria como eje del sistema de salud, ampliar la cartera de servicios para incluir todas las necesidades de salud y establecer su obligado cumplimiento, consolidar una salud mental pública o establecer un calendario vacunal único, incluyendo la posibilidad de la vacunación obligatoria “en casos en que las circunstancias epidemiológicas lo aconsejen”, son algunas de sus propuestas.
Para financiarlas proponen un incremento adicional del 1% del PIB “destinado a cubrir las necesidades reales de la salud, a fomentar la investigación (…) al fomento de la formación y de una industria farmacéutica y de tecnología sanitaria públicas y a la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores del sistema sanitario”.
Recursos humanos
Unidad Popular ha incluido en su programa un apartado específico sobre la política de recursos humanos en el que proponen “tomar medidas concretas contra la precariedad y en defensa de los derechos laborales del conjunto de trabajadores del sistema sanitario”. En él proponen recuperar las dotaciones de personal previa a los recortes, desarrollar una política de personal motivadora que favorezca la dedicación exclusiva, el desarrollo profesional la carrera profesional, la estabilidad en el empleo y una remuneración justa.
El sistema público deberá encargarse de todo
También pretenden establecer un sistema común para la planificación de los recursos humanos y desarrollar un nuevo mapa de especialidades fundamentado en un modelo troncal de formación. Además, pretenden que sea el sistema público el que se encargue de la formación continua de sus profesionales, “de forma que las entidades privadas tengan prohibido el acceso a los centro de atención sanitaria”. De tal forma que también pretende que “los centros sanitarios públicos no puedan ser utilizados por las universidades privadas en tareas de formación e investigación”.
