EUROPA PRESS.- Cinco de los seis grupos de las Cortes de Aragón, PSOE, Podemos, PAR, Ciudadanos (C’s) y grupo mixto-CHA e IU-, han votado a favor de dejar sin efecto el Real Decreto de prescripción enfermera, sumando 41 votos, mientras que el PP se ha abstenido, con 20 votos. La iniciativa, presentada por Podemos, ha recibido enmiendas de PSOE, PAR y C’s y ha sido aprobada con un texto modificado con estas aportaciones.
Concretamente, el Parlamento ha pedido al Gobierno de España dejar sin efecto el Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la indicación, uso y autorización de la dispensación de medicación y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros «por el perjuicio que causa a las profesionales de enfermería y a la calidad del servicio de atención sanitaria en su conjunto».
Además, las Cortes han expresado su apoyo al Gobierno de Aragón en las iniciativas judiciales pertinentes para la suspensión «de forma transparente y urgente» de esta norma y le han instado que se dirija al Ejecutivo central en funciones para que derogue el Real Decreto y establezca una nueva regulación «que proceda de la negociación efectiva con el sector», cuente con las instituciones representativas de la enfermería española y con las comunidades, que son las Administraciones con competencias en materia sanitaria.
La proposición no de ley reclama, igualmente, que el Gobierno autonómico publique, a través del Departamento de Sanidad, las instrucciones sobre la aplicación del Real Decreto en el periodo que transcurra hasta la derogación del mismo.
La diputada de Podemos, Itxaso Cabrera, ha explicado que según las entidades representativas del sector de la enfermería este Real Decreto, publicado en el Boletín Oficial del Estado el pasado 23 de diciembre, es una «traición» del Gobierno central, ya que estos profesionales «no pueden usar ni indicar un fármaco sujeto a prescripción, si el médico no ha determinado previamente el diagnóstico, si no son titulares de una acreditación del Ministerio de Sanidad y no cuenta con protocolos y guías prácticas que en la actualidad no existe».
Esto supone «la parálisis de muchas funciones que habitualmente desempeñan las enfermeras», algo que va a afectar «a la ciudadanía», una decisión de un Ejecutivo que «mira por su partido y por unos pocos» y por eso la diputada ha abogado por su derogación, como ya han reclamado diferentes Comunidades autónomas, que han presentado recursos, igual que el Sindicato de Enfermería, admitido este último a trámite por el Tribunal Supremo.
Abstención del PP
La parlamentaria del PP, Carmen Susín, ha intervenido desde el escaño para manifestar que su grupo se iba a abstener puesto que el Real Decreto ha sido recurrido ante el Supremo, proceso judicial hacia el que ha mostrado su «posición de respeto».
La diputada del PSOE, Olvido Moratinos, ha asegurado que los enfermeros se han sentido «engañados» porque se ha modificado lo acordado en la negociación -también en el Consejo Interterritorial de Salud– y «se les niega su desarrollo profesional» puesto que la prescripción enfermera es «una herramienta fundamental para garantizar los cuidados» en el sistema nacional de salud.
Ha añadido que el Departamento de Sanidad de Aragón ha emitido una nota informativa a todos los colectivos y entidades afectadas «para aclarar el servicio», establecer un «marco de confianza y seguridad para los profesionales y una buena atención a los pacientes» y también ha pedido a los servicios jurídicos del Gobierno autonómico que estudie presentar un recurso a esa norma.
En represantación del PAR, Lucía Guillén, ha precisado que con este Real Decreto «los enfermeros no pueden realizar actuaciones que venían haciendo con medicamentos, como poner vacunas y usar determinadas pomadas» por lo que crea «una situación de grave inseguridad jurídica», algo que va en detrimento del sistema de salud y que ha llevado a 12 comunidades «a mostrar su rechazo y pedir su derogación».
Susana Gaspar, de Ciudadanos, ha indicado que no se podía suspender o no aplicar en la comunidad esta norma, pero sí se ha mostrado favorable a «instar al Gobierno de España a suspenderla», ya que «afecta a la calidad de pacientes y ciudadanos» y ha pedido «retomar las negociaciones involucrando a todos», médicos, enfermeros y pacientes, y que el Ejecutivo autonómico dé las instrucciones sobre cómo actuar en la situación actual.
La diputada de CHA, Carmen Martínez, que ha intervenido en representación del grupo mixto, se ha mostrado a favor de esta iniciativa que «va en contra de las negociaciones» con el Consejo General de Enfermería y el Sindicato de Enfermería SATSE «tras años de negociación», «supone un parón en la sanidad pública» y que «impere el sentido no común», además de que «va en contra de los intereses de los pacientes».
