D.RUIPÉREZ.- En España, “más de un millón de personas sufren fibrilación auricular, son un 4,4 por ciento de los mayores de 40 años, cifra que va en aumento por el progresivo envejecimiento de la población. De hecho en el grupo de mayores de 80 años, los afectados suponen el 18 por ciento del total. Se da la circunstancia de que una cuarta parte de los ictus están causados por la fibrilación auricular y estos episodios son más devastadores que el común de los ictus, provocando más discapacidad. Dos de cada tres ictus podría disminuir con tratamientos anticoagulantes de calidad y con pacientes bien controlados. Sin embargo, existen importantes diferencias» entre comunidades autónomas y barreras para el uso de los nuevos anticoagulantes orales, indicados para prevenir el ictus y otros embolismos relacionados con la fibrilación auricular”, asegura José María Lobos, coordinador del Grupo de Trabajo de Enfermedades Cardiovasculares de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SemFYC). Junto a la Sociedad Española de Cardiología han presentado el informe Análisis de la Gestión y Observatorio Regional de la anticoagulación (AGORA), que muestra un mapa «heterogéneo» en el acceso de los pacientes en España a la más novedosa generación de medicamentos anticoagulantes orales –NACOs- que permiten mejor control que los clásicos, los conocidos como antagonistas de la vitamina K, como el popular sintrom.
Los nuevos fármacos –no tan nuevos, pues llevan más de un lustro aprobados- han demostrado ser igual de eficaces que los anticoagulantes clásicos y «mucho más seguros», ya que pueden reducir las hemorragias intracraneales «hasta en un 50 por ciento», según ha asegurado Luis Rodríguez Padial, vicepresidente de la SEC.
El estudio refleja que se estima que sólo en torno al 10-12 por ciento de los pacientes con fibrilación auricular que podrían estar más controlados con la nueva generación de anticoagulantes y las cifras por comunidades autónomas no puede ser más dispares y cambiantes, ya que mientras que en comunidades como Andalucía o Cantabria los recibe entre el 30-40 por ciento de los pacientes, en otras como Asturias no llegan al 5 por ciento.
El visado
Una de las barreras en el acceso a estos fármacos está en que hasta en siete comunidades (Asturias, Cantabria, La Rioja, Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia y Canarias) los médicos de Atención Primaria, que son los encargados del seguimiento de estos pacientes, no pueden recetarlos por primera vez y debe ser el cardiólogo o el hematólogo quien lo haga. En otros modelos es la enfermería quien lleva un peso importante del control del paciente en coordinación con el médico de primaria. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, según explicó Ángel Abad, de la Dirección General de Coordinación de la Atención al Ciudadano y Humanización de la Asistencia Sanitaria, “apuesta porque la gestión de los pacientes en la mayoría de los casos esté en manos de enfermera de Atención Primaria. Éste es el enfoque de Madrid y que sólo en los casos más complejos se derive al hematólogo. Creemos que esto es lo que hay que hacer para disminuir esa variabilidad que existe”.
Pero quizá el obstáculo más importante a la hora de que los especialistas puedan prescribir NACOs sigue siendo la necesidad de visado previo que está vigente en varias regiones y que las sociedades científicas y las asociaciones de pacientes piden eliminar. Otra reivindicación del trabajo es actualizar procedimientos y guías clínicas para discriminar mejor qué pacientes podrían acceder a las nuevas terapias y reducir sustancialmente su riesgo. “Si el ministerio no elimina el visado, que debería hacerlo, al menos debe considerar a estos pacientes de riesgo candidatos a tomar nuevos anticoagulantes. Los protocolos del ministerio exigen 6 meses de descontrol de la coagulación para que se les considere así y sin embargo los médicos muchas veces no podemos tener accedo a los datos de control del INR. Habría que darlos cuando una persona esté tres meses fuera de rango, así disminuiríamos su riesgo. De hecho, hay pacientes de los que sabemos desde el principio que no van a estar controlados con sintrom, ¿Para qué esperar?”, se pregunta Rodríguez Padial.
Cambios en las guías
Desde el Ministerio de Sanidad, representado en el acto de presentación del informe del Proyecto Ágora por Paloma Casado, subdirectora general de Calidad y Cohesión, recogen el guante, ya que Casado, ha defendido que para su departamento «es una prioridad actualizar los criterios de anticoagulación» y, para ello, ha avanzado que se tendrán en cuenta las conclusiones de cara a la actualización de las estrategias nacionales contra el ictus y la cardiopatía isquémica.
«No se puede extender el uso indiscriminado de los nuevos anticoagulantes orales, sino ajustar el tratamiento apropiado para cada paciente», ha reconocido esta dirigente, que no obstante admite que en los últimos años han surgido nuevos datos sobre su eficacia y seguridad que requieren una actualización constante de los criterios de uso.
Además, ha defendido que se deben evaluar los costes directos e indirectos de su uso con el objetivo de «velar por la sostenibilidad del sistema».
Por su parte, Luciano Arochena, presidente de la Federación de Española de Asociaciones de Anticoagulados (Feasan), asegura que “no se puede esperar a un segundo ictus para acceder a fármacos novedosos, no debe haber estas desigualdades territoriales. A veces visitamos CC.AA. en las que vemos que la propia Consejería de Sanidad ni siquiera conoce bien el tema. Encontramos situaciones en las que hay médicos de AP que no quieren prescribir el nuevo anticoagulante sólo por no hacer el visado”, concluye.
